El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, optaron por una nueva estrategia fiscal al inscribirse formalmente en el Régimen Simplificado de Ganancias, un mecanismo contemplado en la Ley 27.799.
El trámite, que quedó registrado en las bases administrativas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se concretó de manera reciente y, en el caso específico de Angeletti, la fecha de adhesión quedó fijada el pasado 31 de mayo para el ciclo fiscal 2025. Desde el entorno directo del funcionario aclararon de inmediato que este movimiento no guarda relación con una exteriorización de capitales ni con el ingreso de divisas no declaradas, descartando de forma tajante que la pareja planee introducir dólares al circuito formal mediante el esquema de Inocencia Fiscal.
La adopción de esta modalidad impositiva, según argumentan fuentes oficiales, responde estrictamente a una búsqueda de celeridad operativa, dado que bajo este formato es el propio fisco el encargado de procesar y liquidar el tributo basándose en la información de sus bases de datos. No obstante, la incorporación al régimen simplificado les otorgaría un beneficio clave conocido como «tapón fiscal», una protección legal que impide a ARCA auditar de manera retroactiva las declaraciones de períodos anteriores. Esta salvaguarda resulta especialmente estratégica en el contexto actual, ya que bloquearía las revisiones sobre la ecuación patrimonial de la pareja correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y el año base 2025, justamente el lapso temporal donde la Justicia puso la lupa por supuestas inconsistencias.
En paralelo a estas gestiones ante el fisco, la situación patrimonial del matrimonio es objeto de un pormenorizado expediente penal en los tribunales federales, donde se investiga un presunto enriquecimiento ilícito, además de presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. El Juez Ariel Lijo y el Fiscal Gerardo Pollicita aguardan con expectativa dos informes técnicos fundamentales. El primero, encomendado a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), consiste en un peritaje contable exhaustivo que determinará si los ingresos y deudas declarados por Adorni guardan consistencia con su nivel de gastos. Se estima que las conclusiones de esta auditoría financiera, que cruza datos sobre consumos corrientes y adquisiciones inmobiliarias, estarán concluidas entre finales de este mes y las primeras semanas de julio.
Una vez que la fiscalía cuente con las conclusiones de la DAFI y se determine el monto del supuesto desfasaje patrimonial, el Jefe de Gabinete será formalmente notificado para que brinde una justificación detallada de sus bienes. Entre los puntos críticos que Adorni deberá explicar se destaca la adquisición y refacción de un departamento en el barrio porteño de Caballito y de una vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, operaciones que realizó sin desprenderse de sus activos previos. Asimismo, los investigadores buscan esclarecer el origen de los fondos para la compra de un vehículo, el financiamiento de diversos viajes y la metodología con la que planeaba saldar un pasivo de US$335.000. Desde el círculo íntimo del funcionario afirman que parte de los fondos se respaldan en la tenencia de criptomonedas y prometen que la presentación de la declaración jurada de 2025 ante la Oficina Anticorrupción es inminente, un paso que, de todos modos, no evitaría una eventual citación a indagatoria en Retiro si las dudas del fiscal no logran ser disipadas.
