El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializó la actualización de sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El trámite, que demandó varias horas de carga técnica por parte de su equipo de asesores legales y contables, consistió en la rectificación de los períodos 2023 y 2024, sumando además la documentación correspondiente al ejercicio 2025. El paso administrativo se da en un escenario complejo para el funcionario, quien enfrenta dos investigaciones en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la supervisión del Juez Ariel Lijo y el Fiscal Gerardo Pollicita, por presuntas negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito.
La principal novedad de la presentación radica en la incorporación de US$500.000 vinculados al mercado de criptomonedas que no habían sido detallados con anterioridad. El ministro coordinador explicó públicamente que dicha suma proviene de una inversión inicial de US$200.000 realizada en bitcoins a partir del año 2013, la cual le reportó una ganancia neta de US$300.000 antes de comenzar a liquidarla en 2018. Adorni defendió el origen de estos fondos argumentando que tanto él como su esposa desarrollaron toda su carrera en el sector privado, logrando generar un capital de ahorro previo que, según sus propias palabras, mantuvieron fuera del sistema formal como alternativa común ante la realidad económica del país.
En su descargo ante los medios de comunicación, el funcionario manifestó que su primera reacción ante la controversia fue evaluar la renuncia al cargo, pero decidió permanecer debido al rotundo respaldo político brindado por el Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Asimismo, cuestionó el abordaje periodístico de su situación patrimonial durante los últimos tres meses, asegurando que optó por el silencio público para respetar los tiempos de los expedientes judiciales. El Jefe de Gabinete sostuvo que los cuestionamientos en su contra forman parte de una estrategia para desgastar la figura presidencial y justificó la adquisición de su actual vivienda en el country Indio Cuá como una medida de seguridad familiar, aclarando que la propiedad se financió mediante un préstamo hipotecario privado bajo condiciones completamente lícitas.
Por último, los nuevos registros modifican el panorama financiero que el vocero venía exponiendo formalmente, cuyo último reporte de marzo de 2025 indicaba activos estables y sin variaciones sustanciales. En aquella oportunidad, Adorni documentaba la mitad de un departamento adquirido en 2014 valuado en $777.000, otra propiedad de 2016 tasada en $3.652.682, ahorros en efectivo por US$42.500 y $1.950.000, junto con una cuenta en el exterior con US$6.220 e ingresos anuales por salarios de $40.300.000. Tras formalizar las rectificaciones exigidas por la normativa vigente, el funcionario anticipó que planea retomar la conducción de sus habituales conferencias de prensa matutinas en la Casa Rosada una vez que los cuestionamientos sobre su patrimonio queden aclarados en el ámbito judicial.
