El Gobierno Nacional elevó un reclamo formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de paralizar los avances de la prospección y explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La medida precautoria, impulsada bajo la administración del Presidente Javier Milei, busca frenar las operaciones autorizadas de manera unilateral por Gran Bretaña en la plataforma continental argentina y evitar un impacto irreversible o el agravamiento del litigio territorial que mantiene la atención de las Naciones Unidas.
Esta acción judicial de urgencia fue coordinada entre la Cancillería, conducida por Pablo Quirno, y la Secretaría Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzabal. La presentación se ampara en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un mecanismo legal diseñado para solicitar medidas cautelares previas a la constitución definitiva de un tribunal arbitral, resguardando así la soberanía nacional y la protección del medio ambiente marino ante la gravedad del escenario.
El pedido ante los organismos internacionales representa la continuación directa de la ofensiva legal iniciada por la Casa Rosada el pasado 28 de septiembre, cuando notificó formalmente a Londres el comienzo de un proceso arbitral en el marco del Anexo VII de la CONVEMAR. En aquella oportunidad, las autoridades argentinas otorgaron un plazo de dos semanas para que el Gobierno británico dispusiera el cese de la actividad petrolera; tras el vencimiento de ese lapso el día de ayer y el firme rechazo de las autoridades británicas, la Argentina resolvió efectivizar su reclamo ante la judicatura internacional.
En el despliegue de esta estrategia jurídica y diplomática intervinieron además de manera determinante la Consejería Legal Internacional del Palacio San Martín, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, y la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio. A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo ratificó de manera categórica sus legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, remarcando que la defensa de los recursos naturales del Atlántico Sur constituye una prioridad innegociable fundada en la historia y el derecho.
