En una jornada de alta trascendencia institucional para la provincia de Jujuy, se llevó a cabo el acto formal de jura de los miembros que integran el nuevo Consejo de la Magistratura, organismo constitucional encargado de seleccionar mediante concurso público a jueces, fiscales y defensores de instancias inferiores, además de ejercer facultades disciplinarias y de acusación ante el Jury de Enjuiciamiento.
La ceremonia tuvo lugar en el Salón Vélez Sarsfield del edificio de Tribunales y contó con el encabezamiento de la máxima plana del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia local, junto con la presencia de delegaciones judiciales de la provincia de Salta y autoridades del ámbito federal. Durante el inicio de la actividad, coordinada por la secretaria del organismo, Dra. Mónica Medardi, el Dr. Mariano Gabriel Miranda juró como titular del Consejo para posteriormente tomar la promesa de ley a la totalidad de los representantes titulares y suplentes de los diferentes estamentos que componen el cuerpo.
La nómina completa del órgano quedó establecida con un esquema plural de once representantes titulares. Además de su Presidente, el Dr. Miranda, integran el cuerpo el Dr. Martín Francisco Llamas por la Suprema Corte; la Dra. Norma Beatriz Issa y el Dr. Luis Ernesto Kamada en representación del estamento de los jueces; los Dres. Leonidas Francisco Alfaro y Daniel Héctor Lemir por los abogados de la matrícula; la Dra. Ivana Gisel Bravo, el Dr. Adriano Morone y la Dra. Daniela del Carmen Vélez por el Poder Legislativo; y la Dra. María Marcela Infante junto al Dr. Normando Álvarez García por el Poder Ejecutivo. De igual modo, juraron los miembros suplentes de cada estamento, conformados por los Dres. María Eugenia Nieva y Eduardo Esteban Uriondo (Suprema Corte); las Dras. María Laura Flores y Norma Pamela de las Cruces (jueces); la Dra. Melina Nahir Calisaya Pérez y el Dr. Fernando René Echenique (abogados); la CPN María Teresa Agostini, el Dr. Omar Alberto Gutiérrez y la Dra. María Claudia Sánchez Cantaberta (Legislatura); y los Dres. Andrés David Lazarte y Gustavo Camu (Ejecutivo). De acuerdo con el marco regulatorio fijado por la Ley Nº 6486 y su modificatoria Nº 6506, los consejeros ejercerán sus funciones por cuatro años con posibilidad de una sola reelección consecutiva, aclarándose que únicamente los representantes de los abogados matriculados recibirán remuneración por su labor.
El acto incluyó también el juramento formal de las autoridades y representantes de los órganos acusadores y de defensa pública. Por el Ministerio Público de la Acusación prestó compromiso el procurador general, Dr. Alejandro Atilio Bossatti, acompañado por el procurador general adjunto, Dr. Diego Eduardo Chacón, junto a los fiscales titulares Romina Celeste Núñez y Diego Ignacio Funes, y los suplentes Ernesto Lian Resua y Daiana Alejandra Serrano Antar. Por parte del Ministerio Público de la Defensa prestaron juramento la defensora general, Dra. María Gabriela Burgos; el defensor general adjunto, Dr. Guido Matías Luna; los defensores titulares Claudia Emma Lamas Juárez y Jorge Rafael Abud; y las suplentes María Florencia Quintar y Lidia Noemí Galindo Blaha. Todas estas autoridades e integrantes especializados intervendrán específicamente en las cuestiones disciplinarias y operativas vinculadas con sus respectivas áreas de actuación.
Durante los discursos de cierre, el presidente del Consejo, Dr. Mariano Miranda, resaltó que la puesta en marcha del cuerpo consolida un trayecto institucional iniciado hace más de un decenio con el Tribunal Evaluador y refrendado por la reforma constitucional de 2023, destacando que el mérito de los aspirantes debe ser el eje central del sistema. A su turno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Francisco Otaola, remarcó la importancia de la probidad e idoneidad como condiciones indispensables para la magistratura y valoró la articulación entre poderes para garantizar la paz social y el orden republicano. Finalmente, el Gobernador Carlos Alberto Sadir, enfatizó que este paso consolida la transparencia y el control ciudadano al eliminar la discrecionalidad en las designaciones, recordando que actualmente más del 70 % de los magistrados y funcionarios en funciones ingresaron mediante concursos públicos, cuyos trámites incluyen la publicación de ternas abiertas a apoyos o impugnaciones de la sociedad en un plazo de diez días hábiles.
