El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dio inicio a las audiencias del debate oral y público que busca esclarecer la desaparición de Loan Danilo Peña.
El niño de 5 años desapareció a mediados de junio de 2024 en el paraje rural Algarrobal. Este proceso judicial, que ha generado una inmensa repercusión en toda la sociedad, cuenta con un imponente despliegue logístico y procesal, reuniendo a 17 personas en el banquillo de los acusados y una nómina que supera los 180 testigos citados para brindar declaración. La jornada inaugural estuvo centrada exclusivamente en los aspectos formales, mediante la lectura minuciosa de las piezas acusatorias elaboradas por la querella y el Ministerio Público Fiscal, lo que retrasó el comienzo formal de las deliberaciones por una hora respecto al horario inicialmente pautado.
De acuerdo con el cronograma dispuesto por los magistrados Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, la estructura del juicio continuará con las declaraciones indagatorias de los imputados, quienes tendrán la oportunidad procesal de ejercer su defensa o llamarse al silencio. Posteriormente, se dará paso a la recepción de los testimonios de los ciudadanos y peritos citados, previéndose que los progenitores del menor y sus parientes más cercanos sean los primeros en comparecer ante el tribunal. Las sesiones iniciales se llevan a cabo en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional bajo un estricto esquema horario, reflejando la complejidad de una causa penal que acumula un denso expediente de pruebas y peritajes científicos que intentarán reconstruir las últimas horas en que se vio al niño.
La hipótesis principal que sostiene la acusación divide a los involucrados en dos sectores bien diferenciados según sus presuntas responsabilidades en el hecho. El núcleo central está integrado por siete personas, entre las que se encuentran familiares cercanos, un excomisario de la localidad de 9 de Julio y una exfuncionaria municipal junto a su pareja, todos ellos procesados bajo los cargos de sustracción y ocultamiento del menor tras un almuerzo familiar. Por otra parte, una decena de personas completan la lista de imputados, señaladas en este caso por conductas vinculadas al falso testimonio, el entorpecimiento de la investigación judicial y la usurpación de títulos, bajo la sospecha de haber simulado pertenecer a una fundación asistencial con el único fin de desviar las pesquisas iniciales.
En la antesala del debate se suscitaron fuertes tensiones institucionales debido al rechazo del tribunal a un pedido formulado por el equipo de fiscales generales, compuesto por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, quienes pretendían incorporar fiscales auxiliares para robustecer la capacidad del Ministerio Público frente a las numerosas estrategias defensivas. A pesar de haber presentado un recurso de casación advirtiendo sobre las limitaciones operativas que esto supone para un caso de semejante magnitud social, la fiscalía debió afrontar el inicio de las audiencias bajo las condiciones preestablecidas. El proceso judicial intentará desentrañar la veracidad de los hechos ocurridos aquella tarde en el naranjal y determinar si las maniobras posteriores, que incluyeron el presunto hallazgo plantado de un botín del niño, formaron parte de una red de encubrimiento diseñada para obstaculizar el accionar de la justicia.
