En un escenario signado por el incremento de la tirantez diplomática con el Reino Unido en torno a la disputa por la soberanía del archipiélago malvinense, la administración nacional formalizó una nueva adquisición destinada al equipamiento de las Fuerzas Armadas amparada bajo el régimen de secreto militar.
La medida se concretó mediante el Decreto 1205/2026 promulgado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del jefe de Estado, Javier Milei, y del titular de la cartera de Defensa, el teniente general Carlos Presti. Al ampararse en el marco normativo reservado —fundamentado en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63—, el Poder Ejecutivo omitió hacer públicos aspectos sustanciales del procedimiento, tales como las especificaciones técnicas del material, la fuerza destinataria, los montos involucrados y los proveedores adjudicados.
Esta decisión gubernamental coincide con una pronunciada escalada en el plano diplomático impulsada por recientes determinaciones bilaterales. Buenos Aires aplicó sanciones administrativas y denuncias penales contra empresas petroleras que realizan exploraciones no autorizadas en el proyecto Sea Lion, solicitó la intervención arbitral ante las Naciones Unidas bajo la Convención sobre el Derecho del Mar e impulsó la edificación de un enclave naval estratégico en Tierra del Fuego. En contraposición, las autoridades británicas citaron a la representación diplomática argentina para transmitir su disconformidad, al tiempo que el Primer Ministro Andy Burnham aseveró ante el Parlamento que mantendrá una postura intransigente en la preservación de los intereses de la población de las islas.
La reciente norma, que se tramita de manera independiente mediante el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD y bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa, se suma a cuatro antecedentes previos de idéntico tenor adoptados por la actual gestión. Tres de esas normativas (decretos 370/24, 807/24 y 1073/24) resguardaron la logística y los contratos asociados a la compra de los caza de combate F-16 Fighting Falcon a Dinamarca a través del programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS), en tanto que un cuarto instrumento (Decreto 735/26) cubrió la salida temporal de dicho material aéreo para tareas de mantenimiento técnico.
El escenario general se enmarca en un ambicioso proceso de reequipamiento militar que, según relevamientos oficiales de contrataciones, implicó erogaciones por US$445.026.954 entre diciembre de 2023 y agosto del corriente año —superando los US$428.700.000 ejecutados durante el mandato de Alberto Fernández y los US$72.000.000 de la administración de Mauricio Macri—. El plan incluyó la asignación de US$301.200.000 para 24 cazas F-16 —cuya primera tanda fue presentada en diciembre de 2025 en Córdoba y la segunda arribó en septiembre de 2026—, la adición de vehículos blindados Stryker 8×8 acordados con Estados Unidos por US$20.000.000, la compra a Noruega de 4 aeronaves P-3 Orion para patrullaje marítimo por US$60.000.000, helicópteros Bell 407GXi y camiones Unimog U4000. Asimismo, la planificación contempla la incorporación proyectada de hasta 20 helicópteros UH-60L Black Hawk por US$140.000.000, al tiempo que el proyecto presupuestario para 2027 prevé financiamiento externo por US$2.300.000.000 para tres submarinos convencionales —evaluándose propuestas de la francesa Naval Group y la alemana TKMS— y US$1.200.000.000 para dos fragatas multimisión.
