El Poder Ejecutivo confirmó que presentará una acción ante la Justicia contra los alumnos universitarios que ocuparon las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno.
La medida, que fue ratificada de manera oficial por el Ministerio de Capital Humano bajo la conducción de Sandra Pettovello, busca individualizar a los manifestantes involucrados, precisar la dimensión de los posibles daños patrimoniales cometidos dentro de la sede gubernamental y establecer las sanciones legales correspondientes para los responsables.
La irrupción en el hall del edificio estatal se produjo en el marco de una escalada en los reclamos universitarios, donde distintas agrupaciones estudiantiles exigían respuestas sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el aumento de partidas para comedores y becas, así como la plena operatividad del boleto estudiantil. Tras momentos de máxima tensión y el despliegue de las fuerzas de la Policía Federal, la frustrada reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, devino en la retirada de los manifestantes hacia la vía pública a través de un cordón policial, en tanto la Ministra Pettovello manifestó en sus redes que las demandas deben encauzarse bajo el marco legal e institucional.
Desde la perspectiva del alumnado y las agrupaciones académicas, la medida de fuerza fue pacífica y derivó del agotamiento de instancias previas como movilizaciones, petitorios y clases abiertas en la calle. No obstante, las autoridades calificaron la acción como una ocupación violenta y ratificaron que no admitirán la usurpación de dependencias públicas como mecanismo de presión, endureciendo así la postura oficial en medio de una brecha presupuestaria donde el Consejo Interuniversitario Nacional estima necesarios $11 billones para el ejercicio 2027 frente a los $7,349 billones contemplados en el proyecto del Gobierno.
La controversia suma además reclamos puntuales por un desfasaje salarial acumulado del 33,4% frente a la propuesta oficial del 3% mensual para septiembre y octubre, sumado al pedido de una recomposición del 20% en gastos operativos y el giro de $50.000.000.000 para la red de hospitales universitarios. De este modo, la disputa entre las casas de altos estudios y la administración nacional no sólo continuará en los tribunales a raíz de las denuncias formuladas, sino también en las calles, dado que las federaciones estudiantiles ya convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria pautada para el próximo 15 de octubre.
