Luego de los violentos episodios acontecidos durante la manifestación en defensa de la universidad pública en las inmediaciones del Poder Legislativo, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició acciones ante la Justicia contra las personas aprehendidas en el lugar.
Las autoridades judiciales fundamentan la presentación en acusaciones que abarcan desde el delito de daño agravado y agresiones contra los efectivos policiales, hasta la tipificación de atentado contra el orden constitucional y resistencia a la autoridad. Según consta en el planteo oficial, los grupos involucrados actuaron de forma deliberada con el rostro cubierto y rompieron bienes de la ciudad para proveerse de elementos contundentes, los cuales fueron arrojados posteriormente contra el personal de seguridad en momentos en que la Cámara de Diputados llevaba a cabo sus labores.
El despliegue de las fuerzas de seguridad federales dejó un saldo negativo en sus filas, contabilizando ocho uniformados lesionados tras ser impactados por proyectiles lanzados por sectores de la movilización. La nómina de afectados contempla cuatro integrantes de la Gendarmería Nacional, dos de la Prefectura Naval y dos de la Policía Federal Argentina. Por otro lado, los enfrentamientos terminaron con 25 manifestantes bajo custodia policial, entre los que se identificó a un menor de 14 años interceptado por la Policía de la Ciudad en el cruce de Montevideo y Bartolomé Mitre cuando atacaba un patrullero, caso en el que tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia Este y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para cumplir con las directrices legales correspondientes a su edad.
En el plano material, las estimaciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojan pérdidas económicas significativas en el equipamiento urbano. Los destrozos ocasionados en el perímetro de la Plaza de los Congresos —que abarcan veredas, zonas ajardinadas y mobiliario de la zona— ascienden preliminarmente a un monto de $90.000.000. Frente a este panorama, los equipos legales del área de Seguridad concentran sus tareas en la recopilación exhaustiva de imágenes de cámaras de vigilancia y registros audiovisuales para individualizar la responsabilidad de cada implicado en los desmanes cometidos en la vía pública.
La jornada de protesta, que en sus orígenes convocaba a defender el financiamiento universitario e incorporaba reclamos vinculados a la ley de emergencia en discapacidad, derivó en escenarios de alta tensión tras levantarse la sesión parlamentaria. Fue en ese contexto cuando grupos radicalizados rompieron los cercos de contención y se enfrentaron con el personal policial desplegado bajo el protocolo de orden público. La investigación en curso buscará determinar si la irrupción violenta tuvo el propósito directo de interferir en el desarrollo de la agenda legislativa de la jornada.
