La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Tras más de una hora de debate, un total de 143 legisladores dieron su voto afirmativo a la iniciativa, contra otros 71 negativos y 3 abstenciones.
El proyecto ahora pasará al Senado de la Nación, de aprobarse tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
El dictamen de mayoría, impulsado por el Diputado Nacional, Daniel Arroyo, propone reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente en $213.000) que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.
Sin embargo, aclara que el Poder Ejecutivo podrá disponer incrementos adicionales en función de la invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.
En respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901. En este caso, el conjunto de prestadores, hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas, fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
El proyecto prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado.
Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema central: que las personas con discapacidad se queden sin asistencia profesional por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer “demagogia” con las necesidades de un sector vulnerable y dieron a entender que el presidente Javier Milei también vetará la iniciativa, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones.
