En el marco de una extensa y compleja jornada legislativa que se prolongó por más de once horas, la Cámara de Diputados dio media sanción para modificar el esquema de subsidios al gas residencial.
La votación final concluyó con un tablero de 132 respaldos frente a 105 rechazos y cuatro abstenciones, enviando de esta manera el documento al Senado para su revisión definitiva. El inicio de la sesión estuvo marcado por una fuerte disputa reglamentaria de hora y media, ya que el Gobierno debió acelerar la obtención del quórum para neutralizar una convocatoria posterior impulsada por la oposición, la cual pretendía debatir la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Previo al debate central sobre las tarifas energéticas, el cuerpo legislativo dio luz verde a la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto diseñado por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger. Esta iniciativa, aprobada por 138 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones, tiene como finalidad principal anular más de 70 leyes consideradas obsoletas en el ordenamiento jurídico argentino. Posteriormente, tras refrendar diversos acuerdos internacionales, los legisladores se adentraron en el tratamiento de la reforma de la “zona fría”, para la cual el Poder Ejecutivo debió tejer alianzas de último minuto el día anterior, garantizándole a seis provincias un esquema alternativo de compensaciones por “zona cálida” aplicable al consumo eléctrico.
El núcleo de la reforma aprobada propone retrotraer los alcances territoriales de la asistencia estatal en materia gasífera a parámetros previos a la normativa dictada en 2021, la cual había sido impulsada por Máximo Kirchner y otorgaba descuentos generalizados de entre el 30% y el 50% en amplias regiones del país. Con el nuevo texto legal, los beneficios por temperaturas extremas se limitarán exclusivamente a las viviendas ubicadas en la Puna, en la Patagonia y en la localidad mendocina de Malargüe. Según los fundamentos oficiales incorporados en la pieza parlamentaria, la readecuación busca sanear las cuentas públicas mediante la reducción del déficit fiscal y la normalización de la estructura financiera de todo el sistema energético.
De acuerdo con las previsiones técnicas expuestas por la Secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, la implementación de este nuevo cuadro implicará la quita del beneficio para un total de 1.600.000 usuarios en todo el territorio nacional. Por el contrario, un universo de 1.800.000 ciudadanos inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados logrará sostener la asistencia, accediendo a una quita que superará el 75% en el consumo correspondiente al período invernal. Una de las modificaciones más sustanciales radica en el método de cálculo, dado que a partir de la vigencia de la norma el subsidio se computará por cada metro cúbico neto consumido y ya no sobre el valor acumulado total de la boleta, la cual suele arrastrar cargos de tipo fijo.
El proyecto contempla, asimismo, cláusulas de excepción destinadas a proteger a los segmentos socioeconómicos más vulnerables de las áreas alcanzadas, incluyendo a grupos familiares con ingresos que no superen el valor de tres canastas básicas, hogares donde resida un integrante con Certificado Único por Discapacidad, pensionados vitalicios que sean veteranos de la Guerra de Malvinas y residentes inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Finalmente, el texto articulado incorpora una herramienta financiera orientada a la regularización del mercado eléctrico, la cual faculta al Estado a condonar las obligaciones económicas acumuladas por las empresas distribuidoras con la firma CAMMESA durante las etapas de emergencia tarifaria.
