El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), informó que el 15% de los trabajadores, no logra cubrir de manera suficiente y estable sus necesidades básicas de alimentación.
El panorama se torna aún más crítico entre los trabajadores informales y cuentapropistas, donde la proporción trepa al 25%, reflejando el deterioro de las condiciones laborales y el poder adquisitivo.
El informe advierte que la falta de acceso a una dieta adecuada ya no es exclusiva de los sectores más vulnerables o desempleados, sino que alcanza también a empleados registrados con bajos ingresos. De hecho, el 7% de los asalariados formales se encuentra afectado por la inseguridad alimentaria.
En contraste, los trabajadores del servicio doméstico y los ocupados sin aportes encabezan las cifras más altas, con una incidencia del 25,3%, lo que los ubica como el grupo más golpeado por la crisis alimentaria.
Las brechas son notorias cuando se cruzan variables educativas y laborales. Entre los asalariados con estudios hasta nivel secundario incompleto, la inseguridad alimentaria total alcanza el 34%, mientras que en quienes poseen formación universitaria se reduce drásticamente al 4,6%.
También influye la formalidad laboral. Dentro del empleo asalariado, el 24% de los trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria, frente a un 9,8% en el sector formal y un 14,1% entre empleados públicos. La UCA explica estas diferencias por el acceso desigual a la estabilidad, la cobertura social y los mecanismos de protección.
La UCA también advierte que la inseguridad alimentaria golpea con más fuerza a los trabajadores jóvenes: el 17,1% de quienes tienen entre 18 y 34 años se encuentra afectado. En cuanto al género, las mujeres presentan una leve desventaja, con un 15,5% frente al 15% de los varones.
El estudio resalta que el empleo continúa siendo una condición necesaria pero ya no suficiente para garantizar una buena alimentación. La combinación de salarios depreciados, inflación y precariedad laboral ha extendido la inseguridad alimentaria a franjas de la población que históricamente quedaban fuera de este problema estructural.
