El Gobierno argentino impulsa con fuerza la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que fue firmado el 17 de enero pasado tras más de 25 años de negociaciones entre ambos bloques. El presidente Javier Milei pidió adelantar el tratamiento de este pacto en el Parlamento, con el objetivo de que la Argentina sea el primer país del Mercosur en aprobarlo antes de que concluya febrero, en una estrategia que busca posicionar al país como líder regional en integración económica. Este esfuerzo se suma a otras iniciativas de la agenda legislativa nacional, como la reforma de la baja de imputabilidad y la ley laboral, que se están debatiendo de manera simultánea.
Este importante acuerdo, que pretende consolidar una de las mayores zonas de libre comercio del mundo con más de 700 millones de consumidores, ya ha recibido movimientos clave en otros países socias: en Brasil, la Cámara de Diputados aprobó el texto y lo envió al Senado, acercando la ratificación en ese país, mientras que en Uruguay el Senado aprobó el pacto y lo remitió a la Cámara de Representantes para su aprobación final. Estas señales regionales muestran una dinámica de aceleración del proceso legislativo en toda Sudamérica.
En el plano europeo, aunque los Estados de la UE dieron luz verde formal a la firma y respiran avances, la ratificación definitiva del acuerdo enfrenta obstáculos, como la reciente decisión del Parlamento Europeo de enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para un examen de compatibilidad legal, lo que podría demorar el proceso en ese bloque. Aun así, la Comisión Europea ha señalado su disposición a aplicar provisionalmente partes del acuerdo una vez que al menos un país del Mercosur complete su ratificación, lo que beneficiaría a todos los signatarios sin esperar la aprobación final en el Parlamento europeo.
La aceleración de la ratificación ha generado expectativas entre sectores productivos sudamericanos que ven en el acuerdo una oportunidad para expandir exportaciones, atraer inversiones y diversificar mercados, aunque también existen voces críticas que advierten sobre posibles efectos adversos en sectores sensibles como la agricultura tradicional. La intensificación del debate político y legislativo en la Argentina refleja la importancia estratégica que el Gobierno atribuye a su implementación, en un contexto de reconfiguración de relaciones comerciales globales.
