El Gobierno Nacional restituyó la normativa previa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Vialidad Nacional, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La medida se instrumentó a través de los decretos 627 y 628, firmados por el Presidente y su Gabinete, luego de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron a fines de agosto cinco Decretos de Necesidad y Urgencia.
El Ejecutivo señaló que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”, lo que podría provocar un “vacío normativo”. Por esa razón, resolvió devolver la vigencia a las disposiciones que habían quedado sin efecto.
Los decretos ahora restituidos estaban ligados a una amplia reorganización de organismos que el propio Gobierno había calificado como “ineficientes”. Entre ellos, la reestructuración de Vialidad Nacional, cambios en la integración del INTI e INTA y la disolución de institutos culturales y científicos.
En su argumentación, la Casa Rosada advirtió que la situación generada por el rechazo legislativo había colocado a la Administración Pública frente a un cuadro de “incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas, limita la actuación y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales”.
Los DNU anulados por el Congreso incluían el 340/25, que establecía un nuevo régimen de excepción para la Marina Mercante Nacional; el 345/25, que fusionaba institutos históricos y modificaba al Instituto Nacional del Teatro; el 351/25, que transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que disponía el cierre y reestructuración de Vialidad; y el 462/25, que eliminaba la Agencia del Cáñamo y el Cannabis Medicinal.
