El Ministerio de Hacienda de Jujuy solicitó al Gobierno Nacional un adelanto de coparticipación de $150.000.000.000 para aliviar la presión sobre sus cuentas públicas.
El titular de la cartera económica provincial, Federico Cardozo, aprovechó para desmentir las versiones que circulaban en medios nacionales sobre un desembolso global de $400.000.000.000, precisando que dicho monto abarca el cupo total autorizado por la Casa Rosada para un conjunto de distritos del interior y no solo para territorio jujeño.
El funcionario detalló la naturaleza de esta operatoria, remarcando que estos recursos funcionan bajo la modalidad de un préstamo tradicional y no representan ningún tipo de subsidio extraordinario. Cardozo enfatizó que la provincia deberá reintegrar la suma mediante retenciones a sus transferencias federales futuras, asumiendo además el costo de los intereses fijados por el Estado Nacional, lo que en sus propias palabras se traduce en una herramienta para obtener margen de maniobra financiero y no en una asignación gratuita.
La inyección de capital será destinada de manera prioritaria al cumplimiento de las obligaciones corrientes de la administración, donde resalta el pago de los medios aguinaldos locales, un compromiso que exige una erogación estimada en $56.000.000.000. Asimismo, el remanente se utilizará para costear salarios de los agentes públicos y para sostener el ritmo de la obra pública local, la cual viene siendo absorbida con recursos propios debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno central.
En este sentido, el Ministro expuso su malestar respecto a la disparidad de criterios que aplica la Nación, señalando que mientras el Estado federal cobra intereses de forma estricta ante adelantos de coparticipación, no reconoce ningún tipo de compensación financiera cuando se trata de deudas históricas o acreencias que mantiene con Jujuy. Para ejemplificar este escenario de asimetría económica, Cardozo mencionó las inversiones provinciales efectuadas para dar continuidad a las tareas en la Ruta Nacional 34 y la edificación del puente de Tilcara, infraestructuras que por jurisdicción corresponden al presupuesto nacional y cuyos plazos de devolución de fondos siguen siendo una incógnita.
