El Presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, tras una marcha multitudinaria que se realizó en todo el país.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial, Decreto 879/2024, establece que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento” y remarca que “afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno”.
Entre los considerandos del decreto también se advirtió que la eventual “aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)”. La Cámara de Diputados y el Senado deberán sesionar para definir si aceptan el veto o si insisten con el proyecto de ley.
“El presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado”, indica el documento, por lo cual su implementación “demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.
En el escrito se detalló que la administración de los recursos públicos “debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración”, a la vez que se advirtió que el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
“La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional”, se indica en el documento del Boletín Oficial, mientras que se remarca que los incrementos salariales deben resolverse a través de la negociación colectiva.
El veto subraya que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental” y, en este sentido, el Gobierno asegura que el financiamiento de las universidades debe discutirse en el marco del presupuesto general, en lugar de mediante leyes específicas.
El Ejecutivo también hizo referencia al impacto que la ley tendría en los salarios, al afirmar que “la recomposición y actualización salarial del personal docente y no docente implicaría la utilización del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la totalidad del presupuesto restante con el que cuenta la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano”.
