En 2020, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) contabilizó 9974 denuncias de violencia doméstica. El 74% de quienes denunciaron violencia eran mujeres. Del total de denuncias, 36% incluyeron violencia económica o patrimonial dentro de las violencias sufridas. La Ley N° 26.485 menciona como formas de ejercicio de la violencia económica la limitación o control de sus ingresos, la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo y la destrucción de objetos y documentos personales, entre otros.
En tanto la mujer no pueda ejercer su criterio propio sobre la utilización de sus recursos ni tenga poder de decisión, nada asegura que el vínculo de dependencia económica con el agresor se disuelva, y, por tanto, que el ciclo de violencia doméstica se desarticule. El 36% de las denuncias por violencia doméstica incluyó violencia de tipo económica y patrimonial.
Quienes más denuncian violencia económica y patrimonial son las mujeres mayores. Esta variación es destacable ya que se trata de una etapa en la que suele haber pocos divorcios. Esto nos permite inferir que cuanto menor es el grado de dependencia económica, mayor es la posibilidad de salir de un entorno de violencia doméstica. Existe una profunda interrelación entre las distintas violencias y las brechas de género, ya que estas evidencian una situación de mayor vulnerabilidad económica de las mujeres.
La principal forma en la que los varones ejercen violencia económica o patrimonial es a través del incumplimiento de la cuota alimentaria y/o la división del patrimonio común posterior a la disolución de pareja. Familias monoparentales: 13% del total de hogares del país. Familias extendidas con hijos: 11%. En estos porcentajes se encuentran madres que, frente a las dificultades económicas y de tiempo que implica la crianza, conviven con sus propios progenitores u otros familiares.
La violencia de género tiene un impacto negativo en la economía. Aunque en Argentina es un tema poco estudiado, análisis internacionales demuestran los efectos económicos de este fenómeno: el BID estima una pérdida entre el 1,6% y el 4% del PBI en América Latina y el Caribe. Cuanto mayor sea la dependencia económica de la víctima respecto del agresor, menores serán las posibilidades que tendrá de salir del círculo de la violencia.
