Las Autoridades de la UCR tomaron medidas contra Fernández por los permanentes hechos en la Provincia de Santa Fe
El Presidente del Comité Nacional de la Unidad Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y el Intendente de Rosario, Pablo Javkin, tomaron la decisión de mandarle una Carta Documento al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con la intención de intimarlo para que atienda prioritariamente las falencias del Sistema Judicial Federal y, a su vez, fortalezca la inteligencia en las Unidades Penales, con la finalidad de poder prevenir y neutralizar los delitos concebidos desde ámbitos carcelarios.
La reunión de la Sede del Comité Nacional de la UCR, también participaron los Senadores Nacionales, Carolina Losada, Luis Naidenoff y Dionisio Scarpin; Diputados de la Nación, Mario Barletta y Facundo Manes; Diputados Provinciales, Maximiliano Abad, Julián Galdeano y Ariel Bermúdez; y el Presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes; entre otros.
Ellos plantearon la necesidad de convocar con carácter de urgente al Consejo de Seguridad Interior, al amparo del Artículo 9 de la Ley 24.059, y proceder a la designación del Comité de Crisis, según el Artículo 13 del citado Instrumento Legal. Pidieron que se declare el Estado de Crisis por Seguridad y Narcotráfico en la Provincia de Santa Fe.
En este sentido, aseguran el Presidente de la Nación, recibirá dos Cartas Documentos dirigidas a los Ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Ignacio Soria; y de Seguridad, Aníbal Fernández; para que destinen los medios necesarios para instrumentar lo requerido, de manera urgente, a la Cartera de Justicia que impulse la instrumentación del Sistema Acusatorio Penal en Santa Fe y que, se cubran las vacantes existentes de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales del fuero Federal allí.
Así mismo, demandaron la agilización del Tratamiento Parlamentario del Proyecto de Ley Suscripto por todos los Legisladores Santafesinos, para fortalecer la Justicia Federal de la referida Jurisdicción Provincial.
Por otro lado, mediante la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, continúan llevando a cabo las Labores de Inteligencia en los Servicios Penitenciarios Federales y Provinciales en los hay presos y procesados por delitos de narcotráfico, pautada en el Artículo 2, de la Ley 25.520.
