Tras la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Interrupción Voluntaria de la Vida se abre camino en la agenda mediática y legislativa. Un repaso por la experiencia internacional y los argumentos que sostienen defensores y detractores.
La eutanasia se abre paso como el próximo debate en Argentina. Con una clara alusión a la IVE, los especialistas que comienzan a colocar el tema en agenda hablan de la IVV: la Interrupción Voluntaria de la Vida. En Latinoamérica, solo Colombia tiene su ley, mientras que legisladores uruguayos han presentado un proyecto. Argentina también prepara el suyo y, una vez más, tiene la chance de estar a la vanguardia.
Durante el último tiempo, las discusiones en torno a la muerte digna se revitalizaron gracias al caso de Martha Sepúlveda (51 años), que sufre de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), cuya eutanasia había sido autorizada para el 10 de octubre y fue cancelada 48 horas antes por el Instituto Colombiano del Dolor. Se iba a convertir en la primera persona de ese ese país en acceder a dicho procedimiento sin padecer una enfermedad terminal. A continuación, se comparte un repaso por lo que sucede en el mundo, por la situación en Argentina y por los argumentos que presentan defensores y detractores.
Lo que pasa en Argentina
En el país, hablar de eutanasia es hablar de Alfonso Oliva: un joven cordobés que a los 31 años, igual que Sepúlveda, fue diagnosticado con ELA. A medida que avanzó el tiempo, su estado de afección del sistema nervioso y parálisis muscular se tornó irreversible y falleció en marzo de 2019, a los 36 años. Mientras pudo, solicitó a sus amigos y familiares que lucharan por instalar el debate y la sanción de una ley de eutanasia en el país. Su objetivo era que otras personas que atravesaran lo mismo tuvieran la posibilidad de elegir el instante de su final. Por este motivo, de sancionarse, los legisladores y las legisladoras que la impulsan quieren que la IVV se llame Ley Alfonso.
Una de las principales impulsoras de la eutanasia es la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez, que espera poder presentar el proyecto pronto, para avanzar con la discusión en la Cámara baja. A la fecha, no existe una normativa que autorice la eutanasia. La Ley 26.742, sancionada en 2012, conocida como “Ley de Muerte Digna”, garantiza el ejercicio del derecho de aquellos pacientes que cursan una enfermedad irreversible o en estado terminal a rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También, las personas que así lo deseen, están en condiciones de negarse a recibir hidratación o alimentación cuando ambas prácticas tan solo sirvan para prolongar en el tiempo ese estadio terminal en el que se encuentran. Dicho de otro modo: es posible pedir morir de hambre y de sed, pero no de la forma en que el individuo escoja.
La experiencia internacional
Año a año se incrementa la cifra de personas que cuentan con la posibilidad de acceder a una muerte digna (ya sea suicidio asistido o eutanasia) en caso de requerirla. Las jurisdicciones en que está autorizada son Suiza; Países Bajos; Bélgica; Luxemburgo; Colombia; Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Columbia, Hawaii, Maine y New Yersey (EE.UU.); Quebec (Canadá); Victoria y Oeste de Australia (Australia). En el último tiempo, se incorporaron España y Nueva Zelanda.
Las particularidades de cada ley hacen que, a la distancia, algunas normativas resulten más controvertidas que otras. En Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, por caso, quien solicite la eutanasia debe tener, al menos, 18 años. En Países Bajos, en cambio, basta con cumplir los 12. La interrupción de la vida en menores de 18 años es criticada por muchos juristas porque sostienen que antes de aquella edad la gente no tiene capacidad de discernimiento y, en resumidas cuentas, se halla bajo la presión de sus padres y madres.
En aquellas naciones en las que está legalizada, los motivos son variados, pero por lo general quienes eligen la IVV lo hacen por sufrimientos y experiencias vinculadas a la pérdida de la autonomía y del ser, por declinación cognitiva y funcional, por afrontar, en resumidas cuentas, una mala calidad de vida. La pérdida de la dignidad es identificada en la base de los pedidos del 61 por ciento de los casos en Países Bajos y del 52 por ciento en Bélgica. La mayoría de los pacientes que solicitan la eutanasia o el suicidio asistido lo hacen porque padece cáncer (del 60 al 100 por ciento de los casos). Hay distinciones según los territorios, pero el “paciente típico” que recibe eutanasia o suicidio asistido es blanco, hombre, bien educado y entre los 60 y 85 años.
Las drogas que se emplean en el procedimiento de asistencia a la muerte también son legisladas en cada caso. Por lo general, el cóctel más corriente está hecho en base a benzodiacepina para relajar, seguida de una dosis de barbitúricos como tiobarbitúrico, pentobarbital o secobarbital, que combinados provocan la muerte.
