En una conferencia de prensa, en la provincia de Jujuy, funcionarios del Gobierno brindaron detalles sobre los problemas e incidentes que se llevaron a cabo en la ciudad.
En este contexto, informaron que hay más de 100 expedientes, 150 acusados y se han sentenciado a 5 personas con multas de hasta $2.000.000. De este modo, el Fiscal de Estado de la provincia, Miguel Rivas, el Ministro de Seguridad, Guillermo Corro y el Procurador de la provincia, Sebastián Albesa, brindaron una conferencia de prensa donde explicaron los hechos y cómo se llevan adelante estas medidas.
En este marco, el Ministro, Guillermo Corro, expresó, “hay más de 150 imputados por los hechos de violencia ocurridos en la ciudad”. Así mismo, el Fiscal de Estado, Miguel Rivas, indicó, “se han realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades, tanto en el fuero local como en el federal. Se trata de hechos planificados e ilícitos, de delitos perpetrados por personas violentas, que están atacando el orden Constitucional, y no se trata de hechos aislados, son ejecutados y planeados por individuos violentos y organizaciones sociales y políticas”.
Por otro lado, los funcionarios dieron tranquilidad a los ciudadanos, y detallaron que van a trabajar junto al Gobierno Provincial para asegurar que se reestablezca el clima de paz, la armonía y el progreso en el pueblo. “Se va a pedir el embargo a cada uno de los responsables y se les van a reclamar los daños y perjuicios producidos al Estado Provincial. La cifra estimada es de más de mil millones de pesos”, comentó Rivas.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad, Guillermo Corro, aseguró, “hemos aportado todos los elementos para investigar las causas. En cada caso, las unidades de policía de la provincia, a través de sus peritos, se han puesto a disposición de la Fiscalía”.
Así mismo, el Procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, comentó sobre el Orden Constitucional, “estos actos no se corresponden a una protesta pacífica y democrática, que esta garantizada por el Estado Provincial. Cortar una ruta es un delito, que pone en riesgo, no solo la salud, sino el trabajo de la gente del norte, sobre todo, en el sector turístico con grandes pérdidas”.
