La Confederación General del Trabajo ratificó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, emitido por el Gobierno Nacional, que desregula la economía y deroga múltiples leyes.
Junto a las dos CTA, la Unidad Piquetera y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y la Asociación de Trabajadores del Estado, comenzaron a concentrarse en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales para acompañar una presentación judicial en contra del DNU.
Los diferentes gremios sindicales, organizaciones sociales y políticas se concentran bajo la consigna “Abajo el DNU”, en el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera, y de otras medidas cautelares, previamente presentadas, que buscan frenar los alcances del DNU firmado por el Presidente Javier Milei.
También, se sumó al reclamo el despido de 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial.
La central obrera presentó ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspenda “en forma urgente” la aplicación de la reforma laboral del DNU y un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad, que quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº69, a cargo de José Ramonet.
En este contexto, el Gobierno Nacional activó la implementación del protocolo de orden público que instrumenta el Ministerio de Seguridad, que está a cargo de Patricia Bullrich.
El protocolo incluye la identificación de quienes realicen los cortes de calle o rutas y contempla penas de prisión y el cobro de los gastos que demanda la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
Bullrich, reiteró que su cartera hará cumplir el protocolo de orden público presentado por el Gobierno para este tipo de protestas, lo que implica que “no habrá carriles liberados” para que se desplacen los manifestantes y que no podrán producirse cortes de calles.
En el marco de la manifestación, Bullrich rescató que la CGT haya avisado a las autoridades del ministerio de Seguridad sobre la marcha a Tribunales.
“La CGT mandó un pedido de uso de espacios públicos y presentó una póliza de 10 millones de pesos” para cubrir eventuales daños que pueda provocar la movilización. Se han comprometido a dejar el espacio tal cual lo reciben, y esto significa un cambio importante”, remarcó la funcionaria.
