El comunicado publicado por la UTA sostiene que “hemos agotado todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país”. Y denuncia que ante la falta de respuestas por parte de los actores involucrados, cómo la Cámara Federal del Transporte, se definió esta medida de fuerza, ya que “no vamos a permitir salarios por debajo de la inflación, ni haberes inferiores en el interior, a los de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Este conflicto se da en medio de la disputa por los millonarios subsidios que distribuye el Estado nacional, así como entre las tensiones entre “el AMBA y el interior”. La realidad es que las empresas de transporte reciben millonarios subsidios. Según datos oficiales, a través de diferentes mecanismos e instrumentos legales se distribuyeron $ 123.482 millones en subsidios al transporte público de pasajeros en todo el país. Pero el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 77,9% del total, lo que generó diversos reclamos de parte de gobernadores de distinto signo político.
En ese marco, el Gobierno nacional aumentó en los primeros meses de 2022 un 40% la asignación para el Fondo Compensador del autotransporte urbano y suburbano de pasajeros. Pero mientras se discuten esos fondos, en las provincias, como Jujuy, se vienen sufriendo tarifazos en el boleto, que golpean fuertemente el bolsillo popular, al tiempo que generan descontento, ya que no se garantiza la calidad del servicio. Los trabajadores del transporte son parte de este malestar, ya que los empresarios tampoco garantizan sus condiciones de trabajo, adeudando sueldos, imponiendo mayores jornadas laborales, entre otras denuncias.
Queda demostrado que lo único que no está en cuestión, para los gobiernos provinciales y nacional, son las ganancias de las empresas de transporte que siguen amasando fortunas con subsidios y tarifazos.
Ante esto, las medidas de lucha son claves para que se expresen las demandas de los trabajadores; las mismas deben ser impulsadas y fortalecidas en asambleas que se convoquen desde el sindicato. Pero también se necesita una política de unidad con el pueblo trabajador que a diario utiliza el servicio de transporte. Desde el Frente de Izquierda, en el debate frente a un nuevo aumento, se planteó la creación de una comisión auditora conformada por trabajadores del sector, usuarios, estudiantes, organizaciones de defensa del consumidor y sociales junto a profesionales de la UNJU que aporten sus experiencias y conocimientos a los fines de llevar a cabo un estudio de costos, rentabilidad y de mejoras en la calidad del servicio en cuanto a frecuencia, recorridos, unidades, acceso al BEGU, entre otras cuestiones a evaluar.
Es necesario también discutir la apertura de la contabilidad de las empresas que permitiría un control de los trabajadores y usuarios sobre la “caja negra” de las mismas, y facilitaría herramientas a favor del pago de los salarios, la inversión en las unidades, mejoras del servicio, poniendo por delante las necesidades sociales y no la ganancia privada.
