El Gobierno Nacional desreguló los aranceles de los colegios privados, por lo que podrán fijar las cuotas sin pedir autorización previa del Estado.
La medida fue oficializada a través del decreto 787, publicado este martes en el Boletín Oficial, el decreto explica que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
El sistema que derogó el Ejecutivo fue instaurado hace 30 años y la administración de los aranceles de las entidades de educación privada dependía del Gobierno.
Las autoridades justifican que la normativa derogada presenta “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El objetivo de la normativa es avanzar hacia un esquema que resguarde el principio de libre contratación y “permita a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones en un marco de competencia leal y conforme a las demandas del mercado”.
Según las autoridades, el anterior sistema que fijaba los valores de las cuotas de los colegios privados que debía contar con la autorización del Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.
Además, sostuvieron que este mecanismo de fijación de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”. Y creaba “una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
El decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
