El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, denunció este jueves a funcionarios nacionales por la entrega ilegal de tierras públicas y privadas a integrantes del Movimiento Evita en la provincia norteña. En la presentación, el mandatario los acusó de cometer los delitos de usurpación y abuso de autoridad y explicó la “operatoria” por medio de la cual se cometieron los presuntos ilícitos.
En Twitter, el gobernador escribió: “Rechazo terminantemente las acciones de funcionarios nacionales del Ministerio de Agricultura que, arrogándose atribuciones del gobierno de Jujuy y en abuso de sus competencias, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”.
La denuncia interpuesta por Morales es contra Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita; María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la misma cartera; y Cecilia Iriarte, intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales.
El mandatario acusó a los funcionarios de, “arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en abuso de sus competencias legales”, emitir “instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien pertenece al dominio público provincial o bien son de titulares privados”. Además, sostuvo que esto se llevó a cabo por medio de la emisión de documentos “sin respaldo” en los que se menciona a un listado de “supuesto poseedores tradicionales”.
“Las constancias que a estos fines fueron tomadas en consideración por los funcionarios denunciados consisten en meras declaraciones verbales de quienes se afirman propietarios y resultan, fundamentalmente mediante esas solas manifestaciones, reconocidos como ‘poseedores tradicionales’”, explica la denuncia, según la cual esta operatoria respalda a los beneficiarios para iniciar o persistir en reclamos de titularidad.
De acuerdo con Morales, dichos actos se llevaron a cabo sin dar intervención alguna a la autoridad provincial ni jurisdiccional competente, lo que implica una violación a “atribuciones legales y constitucionales específicas”. Y agrega: “Peor aún, en ningún caso, la documentación producida por los funcionarios denunciados incorpora algún tipo dato o referencia que permita identificar a los titulares registrales de las tierras, ni se provee información sobre la precedencia de conflictos o reclamos en sede judicial o administrativa.
Esto último, aun cuando, tal como surge de la prueba aquí acompañada, buena parte de los inmuebles en cuestión han sido y continúan siendo objeto de procesos litigiosos, de juicios de desalojo, así como de denuncias por usurpación”.
