El 31 de marzo último, a horas de la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados encabezada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy, el fiscal Diego Funes dispuso textualmente “infiltrar” a todas las organizaciones sociales que se movilizarían e “individualizar” a sus referentes.
La orden dice que se designaron “grupos de trabajo”, una denominación con claro parentesco con la de uso dictatorial de “grupos de tareas”. La investigación fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, es decir, al propio gobierno de Morales. Fue la antesala de los 16 allanamientos en los que diez días atrás la policía jujeña revolvió casas, comedores, merenderos
y sedes de los movimientos sociales, esta vez con la excusa de indagar en el reparto interno de los planes Potenciar Trabajo –lo que aprovechaba un asunto instalado en el debate público- y bajo la hipótesis de una supuesta “asociación ilícita”.
Las y los defensores de las personas que fueron blanco de los operativos pudieron ver el expediente recién el viernes último: no sólo se toparon con las órdenes de infiltración sino con fichas personales de casi 80 dirigentes con fotos, todo tipo de datos personales, desde con quién viven, sus cuentas bancarias hasta, inmuebles e información del registro automotor.
La visita a Jujuy de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos permitió destrabar el acceso al expediente. La abogada Alejandra Cejas llegó el viernes a la fiscalía con Jackie Salguero, que atiende y vive en un comedor y merendero del Movimiento Evita en el pueblo de Lozano y que integró la lista de los allanamientos.
Quería asumir formalmente la defensa de la mujer, que estaba con su bebé en brazos, y de la concejala
y militante de la Tupac Amaru, Fani Martínez, de Calilegua, allanada pese a tener fueros.
El secretario, Sebastián Ruiz, le dijo que no. “No hace falta que asuma la defensa”, indicó el funcionario. Pero la letrada sabe que estas formalidades pueden ser decisivas. “No voy a hacer venir a mis clientas de Lozano y de Calilegua otra vez”, retrucó ella.
“No hace falta, si es por saber quiénes son acá adentro tenemos todo filmado”, se mofó el secretario como para mostrar cómo se maneja la fiscalía. Todo tiene ese tono: a la concejala, el jefe de la brigada local le reconoció en la cara que los policías habían robado 15.000 pesos de su casa en el operativo.
En los dos días previos, quienes conformaron la Comisión se llevaron una sorpresa: viajaron a Jujuy con la idea de asistir a los allanados, recabar sus relatos para elaborar presentaciones judiciales e internacionales y evitar privaciones de la libertad, pero terminaron recibiendo 58 denuncias de hechos de represión, detenciones arbitrarias, torturas, intimidaciones, despojos de tierras y violencia sobre comunidades originarias.
Las organizaciones sociales perseguidas son todas las opositoras a Morales, cerca de 30. Entre varias de ellas históricamente existían diferencias, tanto que ni se hablaban. La ofensiva del líder de la UCR logró que para este martes llamen juntas a una movilización.
