El Gobierno comenzó a acelerar sus planes para reducir los subsidios a la energía para los usuarios residenciales con mayores consumos.
En las últimas semanas, el Gobierno comenzó a acelerar sus planes para implementar las primeras medidas de segmentación de las tarifas de la energía -para los servicios de electricidad y gas- a partir de 2022.
Los cambios comenzarían en una primera etapa para los sectores de más altos ingresos, que son los que estiman que pueden pagar el valor real de la tarifa plena.
“La energía hoy está subsidiada para todo el mundo. Hay sectores que tienen que estar cubiertosy otros sectores que pueden hacer frente a a las tarifas. En el medio, hay que hacer un trabajo más fino porque hay muchas particularidades. Es una zona más gris”, agregó el secretario.
Una de las dificultades para implementar tarifas segmentadas es determinar que el titular del servicio que va a recibir el subsidio coincida con la persona que vive en ese domicilio. Esto incluye los casos de inquilinos, personas fallecidas, los que no realizaron cambio de domicilio entre otros. “Tenemos que armar primero el núcleo familiar de cada titular”, detalló Martínez.
Por eso, el Gobierno ya solicitó a las empresas distribuidoras de electricidad del AMBA -Edenor y Edesur- que comiencen con un plan de reempadronamiento de sus usuarios, para identificar que el titular de un sea la misma persona que efectivamente vive en el domicilio que recibe el servicio. Estiman que tendrán que hacer ese trámite un 37% de los titulares del suministro eléctrico en la zona. La misma medida se tomará próximamente también para las empresas distribuidoras del servicio de gas.
Con todo, Martínez señaló que la decisión del Gobierno es que el año próximo los aumentos en las tarifas estén atados a la evolución de los salarios y no de la inflación. “Las tarifas no pueden evolucionar por encima de los salarios”, remarcó.
“En el marco de un país que está pasando por un proceso inflacionario de gran magnitud, creemos que las tarifas deben aumentarse protegiendo a los que menos tienen, sin lugar a dudas.
La tarifa social apunta a eso, quizás es momento de perfeccionar sus mecanismos para diferenciar a la gente que lo necesita, incluyendo aquí a quienes no tienen el servicio de gas natural por red o el de agua corriente y a los jubilados que ganan hasta un determinado monto, y avanzar hacia un esquema de incrementos que no sea abrupto pero que sí contribuya a que las empresas (públicas, privadas, mixtas y cooperativas) puedan recomponer sus ingresos y hacer frente tanto al pago de salarios de sus trabajadores (con los aumentos que también ello requiere) como a las inversiones necesarias para brindar un servicio de calidad”, agregó Laclau.
