El “presupuesto de ajuste” que le cuestiona Máximo Kirchner al ministro de Economía, Martín Guzmán, en sus proyecciones para 2022 merecería un agregado: se trataría, más bien, de un presupuesto de ajuste “selectivo” que contempla, por un lado, importantes aumentos en los planes sociales que manejan La Cámpora y el Movimiento Evita pero, por el otro lado, una fuerte reducción en los gastos de salud, empleo y subsidios de distinto tipo.
Con el índice de pobreza en niveles alarmantes –el 40,6% según difundió el INDEC la semana pasada–, el Ministerio de Economía se cuidó bien de preservar en alto las partidas destinadas a los dos programas de asistencia más importantes: la Tarjeta Alimentar –a cargo de la secretaria de Inclusión Social Laura Alonso, de La Cámpora–, que el año próximo tendrá un aumento del 68% ($259.000 millones) respecto del presupuesto hoy vigente. Este plan social alcanza hoy a 2,4 millones de personas; el Gobierno prevé ampliar ese universo a 2,7 millones de beneficiarios que reciben entre $6000 y $9000 mensuales.
El programa Potenciar Trabajo, a cargo del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, también se aumentará el año próximo, aunque en menor medida que el de la Tarjeta Alimentar. De hecho, en términos del PBI se mantiene casi igual. El presupuesto 2022 dispone una suba del 43% ($243.100 millones) respecto de la actual asignación, aunque el universo de beneficiarios también sería mayor: hoy suman 950.000 y se prevé alcanzar al millón cien mil personas según el presupuesto 2022.
Estos aumentos contrastan con caídas que se verifican en otras partidas del Ministerio de Desarrollo Social que comanda Juan Zabaleta. Por caso, el programa “Complementos alimentarios” caerá en un 60% ($10.300 mil millones); mientras que la asistencia a los comedores comunitarios y merenderos lo hará en un 33% ($6000 millones). Aumentará, sí, la asistencia a los comedores escolares en un 55% ($14.700 millones).
“Este es un presupuesto para la pobreza”, sintetiza la diputada Roxana Reyes, de Juntos por el Cambio, especialista en el presupuesto social. “Si bien dos de las partidas más importantes en materia de protección social, la AUH y la Tarjeta Alimentar, se mantienen con asignaciones similares a los actuales, se observan reducciones significativas en las partidas destinadas a paliar los efectos del desempleo y distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social. Estas reducciones son preocupantes porque se trata de políticas relevantes para garantizar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad”, advierte.
Ajuste en los gastos Covid, de empleo y subsidios
El año próximo también habrá caídas presupuestarias en programas de Salud y en los planes destinados a dar auxilio financiero a las empresas afectadas por la pandemia. Según se refleja en el proyecto de presupuesto, el Gobierno no prevé que una nueva ola de Covid-19 azote nuestro país el año próximo y, en línea con esa premisa, redujo drásticamente algunos de los programas dispuestos durante la emergencia.
En efecto, en el proyecto enviado por Guzmán la función salud (es decir, que incluye todo el gasto en salud, independientemente de la jurisdicción a la que corresponde) es de $643,9 millones, mientras que la asignación actual es de $572,2 millones. “Esto implica un aumento de 12,54% nominal, pero una caída en términos reales de 20,96%”, advierte el diputado radical Alejandro Cacace.
También se observa una reducción en la partida destinada a la compra de vacunas contra el Covid-19 pese a que, según la iniciativa, se prevé para el año próximo la adquisición de 80 millones de dosis y 5 millones de tests de antígenos. El proyecto dispone para ello una asignación de $122.200 millones de pesos, bastante menor a la que se estima gastar este año, $153.500 millones.
“Los números indican una disminución en términos reales del presupuesto destinado a salud, cuando la realidad indica que la situación epidemiológica, más allá de la coyuntura actual, no ha dejado de ser un problema”, señala Cacace.
