El Gobierno Nacional promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La normativa fue aprobada por el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y se convirtió en otra de las grandes victorias del oficialismo en las sesiones extraordinarias.
La ley establece un sistema de penas aplicables, dependiendo la edad y circunstancias del adolescente que delinque, y prioriza la educación y resocialización del menor. La privación de la libertad será el último recurso a aplicar y por el tiempo más breve posible, y se prohíben la aplicación de penas perpetuas o de carácter indefinido.
La normativa también reconoce de forma expresa los derechos de las víctimas y personas perjudicadas por hechos ilícitos cometidos por adolescentes, y establece la tutela de los intereses de la víctima durante todo el proceso penal juvenil. Las víctimas gozan de derechos y garantías procesales, incluyendo el derecho a ser escuchadas y a recibir información clara y oportuna sobre sus derechos.
La ley habilita la exigencia de responsabilidad civil a los progenitores o responsables legales de los adolescentes que resulten responsables de daños, y contempla instancias de conciliación o mediación, siempre que la víctima preste su consentimiento de manera libre e informada y que el tipo de delito lo permita.
El Presidente Javier Milei destacó que la ley es un paso importante para abordar la delincuencia juvenil y proteger a las víctimas. La normativa se publicó en el Boletín Oficial esta madrugada, y entrará en vigor en los próximos días.
La aprobación de la ley ha generado debate y controversia en la sociedad argentina, con algunos sectores que la consideran un paso atrás en la protección de los derechos de los menores. Sin embargo, el Gobierno ha defendido la medida como necesaria para abordar la delincuencia juvenil y proteger a las víctimas.
La implementación de la ley requerirá la capacitación de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil, y la creación de dependencias especializadas para el tratamiento de los menores infractores.
