El Senado de Uruguay aprobó la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia.
La norma fue sancionada tras más de diez horas de debate, con el respaldo total del Frente Amplio y el apoyo parcial de legisladores del Partido Colorado y el Partido Nacional, alcanzando así una significativa mayoría.
El proyecto busca garantizar el derecho a “transitar dignamente el proceso de morir”, despenalizando la eutanasia para mayores de edad mentalmente aptos que se encuentren en etapa terminal de una enfermedad incurable o irreversible, o que sufran dolores insoportables derivados de ella.
Con esta decisión, Uruguay se suma a países como Canadá, los Países Bajos y España, y en la región comparte el paso con Colombia (que despenalizó la eutanasia en 1997) y Ecuador (que lo hizo el año pasado).
La normativa establece varios requisitos: ser mayor de edad, ciudadano o residente en el país, y encontrarse psíquicamente apto. Además, el paciente deberá atravesar una serie de instancias previas y dejar por escrito su voluntad de acceder al procedimiento.
Ahora el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación. A su vez, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que “será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia”.
Dicha comisión “estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.
