El Gobierno Nacional volvió a reclamar que se suspenda el fallo que obliga a entregar las acciones de YPF.
La defensa argentina presentó un nuevo escrito ante la Jueza Loretta Preska, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, en el que volvió a reclamar la suspensión del fallo que lo obliga a entregar acciones de la petrolera estatal. En su presentación, la defensa del Estado nacional respondió a los fondos beneficiarios del juicio, Burford Capital y Eton Park, que se oponen al pedido de suspensión.
Los abogados de Argentina argumentaron que cumplir con la sentencia forzaría al país a violar su propia legislación y provocaría la pérdida del control estatal sobre YPF. También alertaron que una eventual entrega inmediata de las acciones afectaría a terceros ajenos al litigio, como las provincias productoras de hidrocarburos y los tenedores de bonos soberanos.
La Jueza estadounidensa Preska había ordenado la transferencia de acciones como mecanismo de pago por la sentencia de US$16.000.000.000 dictada en septiembre de 2023, cifra que ya asciende a US$17.750.000.000 con los intereses acumulados. El fallo fue apelado por la Argentina ante la Cámara de Nueva York en enero de 2024.
Además, el Gobierno también solicitó frenar la entrega de acciones por otra causa conexa: el juicio iniciado por el fondo Bainbridge en 2016, que obtuvo una sentencia favorable por US$95.000.000. En este caso, la defensa oficial argumentó que la transferencia vulneraría la Ley 26.741, que protege el control público sobre YPF. También señaló que no existe jurisprudencia previa que respalde este tipo de resolución, lo que podría abrir la puerta a un nuevo enfoque por parte de un tribunal de apelación.
En el escrito, los abogados remarcaron que no hay perjuicio concreto para los demandantes si se suspende la orden, dado que la legislación argentina impide vender acciones de la empresa sin aval legislativo, lo que hace inviable una ejecución inmediata.
