El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de 58 normativas que regulaban diversas actividades dentro de los sectores industrial, comercial y de consumo masivo.
La medida se instrumentó formalmente a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción —bajo la órbita del Ministerio de Economía— y la Disposición 534/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio. Desde la administración central argumentaron que estas herramientas burocráticas habían perdido vigencia operativa y sustento jurídico, debido a que correspondían a marcos regulatorios ya modificados o derogados previamente, tales como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la normativa de creación del Observatorio de Precios.
El paquete de desregulación publicado en esta jornada impacta de forma directa sobre una serie de herramientas de intervención implementadas por gestiones anteriores. El desglose oficial confirma la baja de 22 disposiciones ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el cual funcionaba como un mecanismo de control de precios en la cadena harinera, junto a las resoluciones específicas 753/2021, 56/2022, 57/2022, 142/2022 y su modificatoria 148/2022. Asimismo, quedaron sin efecto 30 normas regulatorias vinculadas a los programas de financiamiento Ahora 12 y Cuota Simple (encabezadas por la resolución 282/2021 y sus 21 modificaciones), cuatro normativas referidas a los aranceles de los colegios privados —entre ellas la resolución 368/2025—, una norma accesoria de Precios Cuidados y una disposición que duplicaba los canales de atención para reclamos de consumidores adolescentes.
En el plano legislativo, este ordenamiento de resoluciones de rango secundario corre en paralelo al tratamiento de la denominada Ley Hojarasca en el Congreso de la Nación, iniciativa que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados tras su impulso por parte del ministro Federico Sturzenegger. Dicho proyecto propone modificar o derogar en forma masiva más de 70 leyes nacionales que el oficialismo califica como obsoletas, anacrónicas o incompatibles con los avances tecnológicos actuales. Entre los puntos nodales de la reforma se contempla la remoción de trabas burocráticas sobre la microfilmación de documentos, las transmisiones de televisión a color, el control sobre reuniones privadas y la quita de financiamiento estatal directo para entidades como la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores.
Para justificar la profunda simplificación legal ejecutada, los considerandos de las nuevas medidas sostienen que la excesiva proliferación y dispersión de regulaciones termina generando una fuerte incertidumbre jurídica que restringe la libertad individual de los ciudadanos. Desde las secretarías firmantes indicaron que el objetivo central es enfocar los recursos administrativos exclusivamente en las normativas prioritarias y transparentes, promoviendo un principio de máxima libertad económica. Con la derogación de estas 58 herramientas —que abarcaban desde el control de cuotas escolares hasta los requisitos de información comercial de las resoluciones 426/2022, 296/2023, y los permisos de importación 254/2019 y 43/2022—, las autoridades nacionales buscan dar previsibilidad al sector privado reduciendo los costos de cumplimiento normativo.
