El Gobierno Nacional anunció que enviará 300 agentes a la Triple Frontera y evalúa sumar la cooperación de las Fuerzas Armadas.
El operativo de seguridad comenzará en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, y se extenderá a Puerto Iguazú. El objetivo es incrementar la presencia de efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria para reforzar los controles en la zona. En paralelo, el Gobierno evalúa la posibilidad de sumar a las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia fronteriza. “Es una alta posibilidad que las fuerzas se sumen. Los decretos que sacamos en los últimos meses lo permiten. Estamos evaluando los detalles”, afirmaron desde Casa Rosada.
La participación militar en seguridad interior fue habilitada mediante el Decreto 1112/24, que autoriza a las Fuerzas Armadas a combatir amenazas externas no estatales. Además, el Gobierno trabaja en una reforma de seguridad nacional que ampliará el marco de acción de las fuerzas, en un intento por endurecer las políticas de control fronterizo y prevenir la infiltración de organizaciones criminales en el país.
El refuerzo de seguridad responde a un incremento de hechos delictivos en la región, como el robo de armas en la base de la División de Infantería de la Unidad Regional III de El Dorado, Misiones. En ese ataque, fueron sustraídos dos fusiles FAL y dos escopetas calibre 12-70, además de producirse el asesinato de un oficial. Ante estos hechos, el Gobierno busca frenar el avance del narcotráfico y reducir la violencia en la frontera con Brasil y Paraguay.
En un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional, la Casa Rosada pretende involucrar a las agencias de inteligencia y seguridad de los países vecinos para mejorar la prevención del crimen organizado. Una estrategia similar se implementa en la frontera con Bolivia, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la construcción de un alambrado de 200 metros en Aguas Blancas, Salta, para frenar el ingreso ilegal de personas y mercancías.
Por otro lado, el Gobierno trabaja en una reforma migratoria para restringir la entrega de residencias a extranjeros. La iniciativa busca modificar la Ley de Migraciones (25.871) con el objetivo de prevenir la instalación de inmigrantes ilegales y frenar la llegada de personas vinculadas a organizaciones criminales. Estas medidas forman parte de un plan integral de seguridad que busca reforzar los controles fronterizos y reducir la influencia de grupos delictivos en el país.
