El proceso de desregulación del comercio exterior en Argentina avanza con fuerza hacia un escenario de casi total exención para la producción fabril.
Con la meta fija en su visión liberal de los mercados, la administración de Javier Milei ha logrado remover los gravámenes arancelarios a las exportaciones en el 90% de los rubros bajo control tributario a finales de 2023. Esta profunda transformación, centrada de manera prioritaria en la manufactura local, proyecta que para mediados de 2027 apenas una mínima porción de estos bienes —143 de los más de 17.000 heredados originalmente— continúe afectada por Derechos de Exportación (DEX), una drástica reducción frente al universo de posiciones que regulaban el inicio del periodo presidencial.
La puesta en marcha a comienzos de este mes del Decreto 566/2026 aceleró significativamente este trayecto al anular el tributo sobre cerca de un millar de despachos industriales internacionales. Con estos cambios, los registros revelan que las categorías activas con este impuesto se achicaron a 2.137, un panorama radicalmente distante de las 20.778 contabilizadas al cierre de 2023. De acuerdo con proyecciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, de mantenerse el sendero de rebajas progresivas, la lista consolidada de retenciones generales para mediados del año próximo abarcará exclusivamente a 1.949 productos, repartidos en su gran mayoría dentro de la agroindustria, seguidos por manufacturas remanentes y algunos eslabones del rubro hidrocarburífero y minero.
A pesar de que el ámbito industrial se posiciona como el espacio más beneficiado por la iniciativa gubernamental —eliminando el impuesto en el 99% de sus productos hacia el cierre de la gestión—, entre analistas y empresarios subsisten ciertos reclamos. Los bienes que resistirán la carga fiscal hacia finales del próximo año serán el acero, el aluminio y los fertilizantes, mientras que los complejos petroquímico y automotriz transitan un esquema de quita escalonada con destino a tasa cero para el segundo semestre de 2027. Distintos economistas y referentes de cámaras fabriles ponderan esta desgravación como un estímulo vital en un entorno global condicionado por el encarecimiento de costos logísticos y de producción, estimando que las partidas que persisten bajo el control aduanero en metales básicos movilizan operaciones por miles de millones de dólares anuales.
Desde la perspectiva macroeconómica, subsisten análisis diferenciados en torno al propósito de los DEX según la naturaleza del recurso. Mientras expertos sugieren que en el terreno energético y de la minería las retenciones suplen a modo de regalía nacional lo que por ley administran de forma limitada los estados provinciales, en el plano netamente fabril los especialistas coinciden en que estos gravámenes configuran un sesgo que desalienta la salida de productos con valor agregado al exterior. En este contexto de reconfiguración fiscal, el principal interrogante que se dirime en los círculos financieros se vincula al equilibrio fiscal, planteándose la incertidumbre sobre cómo compensará la tesorería pública la consecuente caída en la recaudación por comercio exterior ante una actividad interna que experimenta variaciones cambiantes.
