La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) informó que en Jujuy desde el 2023, la suba de la luz superó el 2.400%.
Hugo Montaño, quien se desempeña como Vocal Primero de la SUSEPU, ha puesto el foco en una estadística alarmante: desde finales de 2023 hasta la actualidad, los residentes de Jujuy y las provincias vecinas han enfrentado subas en el servicio eléctrico que se posicionan entre el 2.400% y el 3.000%. Esta escalada de precios, que el funcionario describió como un proceso de ajuste desproporcionado, ha generado un escenario de extrema vulnerabilidad económica para las familias de la región, cuyos ingresos no han seguido el mismo ritmo de crecimiento.
El origen de este fenómeno se vincula directamente con una transformación estructural en la política de subsidios a nivel nacional. Según detalló Montaño en declaraciones radiales, la implementación de un esquema de segmentación dividido en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3) ha sido el vehículo para una quita progresiva de la asistencia estatal, un proceso que se prevé continúe extendiéndose hasta el año 2026. Este cambio de paradigma busca reconfigurar el sistema energético, pero en la práctica ha derivado en una presión financiera constante sobre los usuarios, especialmente desde diciembre de 2023, cuando la política de incrementos se profundizó a pesar de que los índices inflacionarios generales eran menores en aquel entonces.
Un punto de especial fricción para las autoridades locales reside en la desigualdad geográfica del sistema. El referente de la SUSEPU expresó su inquietud por las comunidades de la Puna y la Quebrada, áreas que, al no estar plenamente integradas al sistema interconectado nacional, se ven privadas de ciertos beneficios y quedan expuestas a una mayor incertidumbre. Esta fragmentación territorial agrava el impacto social, ya que las zonas más aisladas y vulnerables de la provincia de Jujuy terminan asumiendo los costos más elevados sin contar con los mismos mecanismos de protección que otras regiones del país.
Para sustentar la gravedad de estas cifras, se han mencionado diversos estudios técnicos provenientes de sectores académicos y científicos. Informes elaborados por universidades nacionales y el CONICET coinciden con el diagnóstico de la SUSEPU, validando que el rango de aumentos de hasta el 3.000% es una realidad estadística en la región del NOA y el NEA. Estos datos técnicos refuerzan la idea de que no se trata de una percepción subjetiva de los usuarios, sino de un desfasaje real y documentado entre el costo de vida y el acceso a los servicios esenciales, posicionando a la energía eléctrica como uno de los rubros que más ha castigado el presupuesto doméstico.
Ante este panorama, el llamado a la acción de los organismos de control es preventivo y urgente. Montaño enfatizó la necesidad imperiosa de someter a revisión el actual esquema tarifario y de subsidios, argumentando que la economía familiar no puede absorber mayores incrementos sin comprometer su estabilidad básica. El desafío para las autoridades provinciales y nacionales en los próximos meses será equilibrar la sostenibilidad del sistema energético con la capacidad de pago de una población que ya ha soportado una de las cargas de ajuste más pesadas de las que se tenga registro en el sector de servicios públicos.
