Un informe de la Universidad Católica Argentina reveló que el 53,6% de los niños y adolescentes de Argentina vivía en situación de pobreza, mientras que el 10,7% se encontraba en la indigencia.
Aunque en los últimos dos años se registró una disminución, las privaciones y las profundas desigualdades sociales en las infancias continúan presentes, junto con una demanda sostenida de asistencia.
Desde la UCA remarcaron que el dato de 2025 “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”. La serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia al alza, con máximos en los períodos de crisis y caídas en las breves etapas de recuperación. El resultado es un incremento de la pobreza infantil a largo plazo: en 2010 afectaba al 45,2% de los menores, bajó levemente en 2011-2012, y luego inició un deterioro casi constante, con picos de alrededor del 64-65% en 2020-2021 y un máximo de 62,9% en 2023. El avance de 2024 y 2025 es relevante, pero el nivel sigue muy por encima del de 2010. La indigencia siguió un camino similar, con oscilaciones más marcadas: partió de 11,4% en 2010, descendió a 8% en 2011-2012, subió hasta 17,7% en 2024 —el valor más alto de la serie— y en 2025 bajó al 10,7%, acercándose a los registros de 2017-2018.
El informe también indicó que el 28,8% de los niños y adolescentes sufrió inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos números implican una mejora frente a 2024, no logran volver a los niveles anteriores a 2017. El problema se concentra sobre todo en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense. En ese contexto, la asistencia alimentaria alcanzó un récord de 64,8%. Desde 2020 se observa un fuerte incremento, impulsado por la cobertura de comedores escolares y comunitarios y por la implementación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.
Por otro lado, la cobertura de transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo llegó al 42,5% de los niños, lo que representa una caída de 3,3 puntos porcentuales respecto de 2024. La UCA aclaró que estas transferencias no contributivas alcanzan mayoritariamente a quienes más lo requieren, aunque no a la totalidad, y dejan fuera a sectores que, pese a estar en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema. Ianina Tuñón, investigadora del ODSA, explicó que “estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal”, por lo que consideró clave mejorar las condiciones laborales de los adultos.
La casa de estudios presentó además otros indicadores que reflejan la crisis multidimensional que atraviesan los menores de 0 a 17 años. Entre ellos, el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por motivos económicos durante 2025, siendo la atención odontológica la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida. Tuñón señaló que, más allá de la falta de recursos, existe un problema estructural en la oferta del sistema de salud. En materia habitacional, si bien hay avances de largo plazo, persisten déficits: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes vivían en viviendas precarias y el 20,9% en condiciones de hacinamiento. El acceso a servicios básicos sigue siendo una deuda importante, con el 42% en hogares sin saneamiento adecuado. Además, el 37,5% enfrenta privaciones en vestimenta, con consecuencias no solo materiales sino también emocionales. En ese marco, Tuñón destacó la caída de la natalidad: en 1991, el 56% de los hogares tenía menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. La fecundidad se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, por debajo del umbral de reemplazo de 2,1, lo que refleja otra señal de los efectos de la crisis social en las decisiones familiares.
