Una profunda controversia institucional y social se desató en la provincia de La Rioja debido a la difusión de la graduación de Walter Denis Pereyra Fincatti, un interno que condenado por el delito de abuso sexual contra una menor de edad.
Las autoridades del establecimiento penitenciario, encabezadas por su jefa, Analía Tello, presentaron el acontecimiento como un “hito inédito” y un logro histórico dentro del contexto de encierro, debido a que el recluso, quien antes de recibir su sentencia se desempeñaba en el ámbito de la docencia, logró culminar la Licenciatura en Psicopedagogía tras aprobar su última materia con una calificación de 8 en la Universidad Nacional de La Rioja.
La comunicación oficial del organismo de seguridad fundamentó el reconocimiento público bajo la premisa de que la Educación Superior Pública funciona como un motor indispensable de transformación e inclusión social. Sin embargo, la estrategia de difusión estatal generó una inmediata y masiva ola de repudio en plataformas digitales, donde múltiples usuarios y referentes comunitarios cuestionaron con dureza la decisión de otorgar visibilidad festiva a un individuo penalmente responsable de un delito de tal gravedad. El malestar generalizado no se centró en el derecho constitucional al estudio que asiste a las personas privadas de la libertad, sino en la aparente omisión institucional respecto al dolor de la víctima y de su entorno familiar, lo que forzó al Servicio Penitenciario a inhabilitar el espacio de comentarios en sus redes sociales.
La repercusión negativa trascendió el debate en las redes y generó un pronunciamiento definitivo por parte del sector profesional de la disciplina. Sonia Galleguillo, presidenta del Colegio de Psicopedagogos de La Rioja —entidad que nuclea actualmente a 206 profesionales matriculados—, se mostró sumamente tajante al asegurar que Pereyra Fincatti no podrá ejercer la profesión legalmente en el territorio provincial ni en ninguna otra jurisdicción de la República Argentina. La directiva basó este impedimento de forma estricta en el marco regulatorio vigente, el cual determina como requisito obligatorio la presentación de un certificado de antecedentes penales limpios para poder acceder a la correspondiente matrícula profesional.
Finalmente, las autoridades del colegio profesional expresaron un enérgico descontento por las fallas en el manejo informativo del caso, extendiendo las críticas hacia la actuación de la universidad involucrada en el proceso. Desde la conducción de la entidad profesional argumentaron que la manera en que se estructuró y divulgó la noticia provoca un impacto emocional y psicológico sumamente severo en las familias de las víctimas y vulnera las banderas de quienes dedican su labor diaria a la protección y defensa de los derechos de las infancias.
