El Gobierno Nacional presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en la que propone reformas económicas, financieras, fiscales, previsionales, de seguridad, defensa, y tarifaria, entre otras.
Entre los puntos principales del proyecto de ley se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional por un máximo de dos años.
El proyecto delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
Otro de los puntos es la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica 70/2023 que firmó el Presidente Javier Milei la semana pasada.
Solicita la autorización para privatizar 41 empresas públicas, entre las que figuran el Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.
Suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.
También, establece sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas u obstaculicen el espacio público. Además, plantea penas a quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales.
Sobre las contrataciones del estado, concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas. Advierte sobre el descuento en los salarios de los empleados públicos que realicen protestas.
El documento provee criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.
A su vez, presenta instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el INADI.
El proyecto dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y que se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
En materia electoral, propone la eliminación de las Paso y las primarias las tendrá que hacer cada partido político. Propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uni nominales.
Establece un sistema de blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 dólares y habrá una alícuota sobre el excedente según cuál fuera la fecha de exteriorización.
Modifica la ley de Biocombustibles para permitir libre comercio en términos de precio y aprovisionamiento. Unifica los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
Propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la justicia con competencia local, que se encuentra bajo la Justicia Nacional. La creación de una Oficina Anticorrupción en el Poder Judicial y Poder Legislativo.
En materia educativa, establece que los estudiantes del nivel Secundario rindan un examen integrador al finalizar la educación secundaria. Se instaura un proceso de evaluación continua a los docentes y se eliminan las restricciones a la educación a distancia. Autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación a extranjeros no residentes.
La introducción del concepto de divorcio simplificado para que, con un acuerdo entre las partes, puedan admitir la inscripción simple en el registro civil.
Finalmente, limita el sistema de subsidios al 50% de la producción en el INCAA, ya que establece que el beneficiario debe tener un financiamiento equivalente al solicitado al instituto.
