Tras permanecer una semana desaparecido, la reciente localización del agente jujeño Maximiliano Martínez en la capital boliviana marca el inicio de una nueva etapa en las actuaciones judiciales de la causa.
El fiscal encargado del caso, Alberto Mendívil, ofreció declaraciones en las que expuso las hipótesis que maneja la justicia para esclarecer cómo transcurrieron las jornadas posteriores a su desaparición en la zona fronteriza entre La Quiaca y Villazón, así como los mecanismos legales que se implementarán para lograr su pronto retorno a suelo argentino.
De acuerdo a las pesquisas e itinerarios reconstruidos por el equipo investigador, existen elementos de convicción suficientes para sostener que el efectivo cruzó la frontera hacia el país vecino por voluntad propia. No obstante, las principales interrogantes surgen al analizar su posterior desplazamiento hacia La Paz, dado que la fiscalía busca determinar de manera fehaciente si continuó su trayecto de forma autónoma o si fue víctima de la coacción de terceros que lo hayan movilizado de manera involuntaria durante esos siete días.
En el momento de su hallazgo por parte de las fuerzas policiales bolivianas, Martínez manifestó encontrarse en un estado de desorientación. Frente a este cuadro, el Ministerio Público de la Acusación dispuso su inmediata derivación a un establecimiento asistencial para evaluar su condición médica general, ordenando de forma complementaria la realización de análisis toxicológicos de laboratorio para certificar si la presencia de alguna sustancia en su organismo pudo haber propiciado la alteración de su estado cognitivo.
Respecto a su situación administrativa en el territorio donde fue ubicado, las autoridades aclararon que al haber ingresado de manera irregular, la normativa boliviana contempla la deportación del ciudadano. En las próximas horas, una comitiva integrada por miembros de la Fiscalía de La Quiaca y de la Brigada de Investigaciones viajará hacia La Paz para mantener una entrevista con el policía e instrumentar formalmente las gestiones procesales y migratorias requeridas para su traslado y entrega a las autoridades locales.
