A través de la publicación del Decreto 1203/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo programa de retiros voluntarios enfocado en el personal de la Administración Pública Nacional centralizada.
La normativa, refrendada por el Presidente Javier Milei junto a los ministros Diego Santilli y Federico Sturzenegger, abarcará a casi 20.000 estatales con nombramiento en planta permanente o contratos por tiempo indeterminado bajo las leyes 25.164 y de Contrato de Trabajo. Quienes deseen sumarse a la propuesta podrán formalizar su trámite a partir del 1 y hasta el 30 de noviembre de este año, existiendo la posibilidad de conceder una única extensión del plazo por un máximo de un mes adicional.
El diseño del régimen contempla diferentes esquemas de compensación económica según el perfil de cada agente y establece una cláusula de inhabilitación que impide el reingreso a la función pública durante un período de ocho años, salvo que se restituya el dinero percibido. Los incentivos financieros varían de acuerdo a la edad y el historial prestacional: para las mujeres desde 58 años y hombres desde 63 sin los aportes requeridos, se ofrece un haber único o el 60 % de la remuneración bruta por un tope de 36 meses; en tanto que los empleados con edad de jubilación y más de 30 años de aportes accederán a un sueldo por año trabajado más un haber adicional de cinco sueldos. Por su parte, los agentes de menor edad podrán cobrar hasta 20 mensualidades por antigüedad junto a un suplemento adicional de cuatro o cinco sueldos según reúnan más o menos de 15 años de servicio en el Estado.
La medida dispone restricciones precisas y excluye expresamente a determinados sectores clave de la estructura estatal. No podrán postularse los efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, ni el personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, entre otras áreas específicas. Asimismo, quedan marginados los trabajadores en disponibilidad, aquellos con causas penales pendientes por delitos contra la administración o sumarios graves, quienes estén haciendo uso de licencias médicas prolongadas o dispongan de demandas judiciales activas contra el Estado, a menos que renuncien formalmente a dichos reclamos antes del cierre de las anotaciones.
La tramitación del retiro no será automática y quedará sujeta a la aprobación discrecional de las autoridades de cada dependencia, quienes dispondrán de un plazo de 40 días corridos posteriores al cierre de la inscripción para aceptar o rechazar la solicitud en función de no comprometer el funcionamiento de las áreas. Con este paso se busca dar continuidad a la estrategia de reducción del gasto estatal, en sintonía con acciones similares implementadas previamente en otros organismos como la ANSES, cuya segunda etapa de bajas consensuadas concluyó en septiembre otorgando hasta 19 remuneraciones brutas y la restricción de volver al sector público por el término de cinco años.
