La aplicación de la Resolución General 5910/2026 dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha generado una fuerte reacción institucional y social en la frontera jujeña.
Publicada el pasado 9 de octubre y en vigencia desde el día posterior, la normativa impone un límite de 150 dólares diarios por poblador para la salida de mercaderías hacia países limítrofes, además de excluir del régimen de tráfico vecinal a cereales como trigo, soja y maíz, productos en envases de 10 kilogramos o más (o equivalente en volumen) y combustibles en recipientes suplementarios. Mientras desde el organismo fiscal fundamentan la medida en la necesidad de endurecer los controles aduaneros, evitar el fraccionamiento de compras y frenar usos comerciales no autorizados, los sectores locales advierten sobre los perjuicios económicos sobre el tradicional intercambio entre La Quiaca y Villazón.
Ante este panorama, las autoridades políticas de la provincia y del municipio salieron a fijar postura de manera pública y judicial. Por un lado, el Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó su respaldo explícito al reclamo de los comerciantes locales y solicitó la revisión del tope diario, al argumentar que las disposiciones nacionales resultan ajenas a la realidad fronteriza y ponen en riesgo el sustento de las familias trabajadoras. En simultáneo, el Intendente quiaqueño, Dante Velázquez, judicializó el conflicto al presentar una acción de amparo con pedido de medida cautelar ante el Juzgado Federal de Jujuy N.º 1 (Secretaría Civil N.º 1). La causa, radicada como “Municipalidad de La Quiaca c/ ARCA s/ Amparo Ley 16.986” bajo el expediente FSA 19533/2026 tras el sorteo del 21 de octubre de 2026, pretende la suspensión preventiva de las restricciones mientras se analiza el fondo de la cuestión, sin que ello implique hasta el momento el freno de la normativa nacional.
La inquietud por el impacto económico trasciende al ámbito administrativo e involucra a una vasta red laboral compuesta por estibadores, pasadores, carreteros, vendedores ambulantes, transportistas y personal de comercios y depósitos. Según estimaciones formuladas por el titular de la Cámara de Comercio de La Quiaca, Walter Cadena, la medida amenaza la fuente de ingresos de aproximadamente 3.500 familias que viven directa o indirectamente del intercambio transfronterizo. Frente a esta incertidumbre y con la intención de hacerse oír ante las autoridades provinciales y nacionales, comerciantes y trabajadores locales impulsaron la convocatoria a una movilización pacífica para exigir modificaciones que contemplen la viabilidad del trabajo regional.
El conflicto deja al descubierto la contraposición de dos marcos jurídicos y normativos contemplados en el propio Código Aduanero: la facultad del Estado para evitar maniobras comerciales no autorizadas dentro del Tráfico Vecinal Fronterizo y la obligación de adaptar dicho régimen a las contingencias de las comunidades limítrofes. El devenir de la controversia queda ahora supeditado al ámbito de la Justicia Federal, que deberá resolver en primera instancia sobre la procedencia de la medida cautelar interpuesta por la municipalidad. En caso de otorgarse, la vigencia de los topes quedará supeditada a los alcances que fije el fallo judicial; de ser denegada, el tope de 150 dólares y las prohibiciones asociadas mantendrán su plena efectividad mientras transcurra el debate judicial.
