Por cadena nacional el Presidente Javier Milei ratificó el reclamo imprescriptible de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y dio a conocer un abarcador conjunto de disposiciones gubernamentales.
Durante su intervención, el Jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de desplegar el abanico completo de recursos estatales —incluyendo vías judiciales, económicas y diplomáticas— para desincentivar cualquier acción, proviene de actores públicos o privados, que atente contra el territorio nacional. Argumentó que el país debe dotarse de marcos normativos actualizados y organismos coordinados para sostener una postura firme que trascienda las gestiones de turno.
El mandatario centró su preocupación en las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur, señalando que, a pesar de los constantes exhortos de la Organización de las Naciones Unidas para evitar medidas unilaterales mientras persista la disputa, el proyecto petrolero conocido como Sea Lion representa un hecho de suma gravedad al avanzar en la extracción de recursos no renovables. Para contrarrestar esta situación, el Ejecutivo dispondrá de forma inmediata un decreto destinado a acelerar los procesos punitivos vigentes contra aquellas compañías involucradas en la explotación de crudo en zonas bajo ocupación británica, obligando a las firmas a elegir entre operar de forma legal en el territorio continental con estabilidad jurídica o participar en proyectos en la zona en litigio, perdiendo en este último caso la posibilidad de contratar en el país.
A la par de las medidas de carácter regulatorio y punitivo, el Presidente confirmó un incremento sustancial en las partidas presupuestarias orientadas al Ministerio de Defensa. Esta inversión estará dirigida a la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, además del fortalecimiento de la infraestructura en materia de telecomunicaciones. Con esta obra, la administración busca posicionar al extremo austral de la Argentina como el nodo logístico de mayor relevancia geopolítica en el Atlántico Sur, garantizando un despliegue estratégico en el área.
Por último, el Poder Ejecutivo remitirá con carácter de urgencia al Congreso de la Nación la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto legislativo propone endurecer el régimen sancionatorio de la Ley 26.659, ampliando las inhabilitaciones a proveedores y accionistas, e incorporando la figura del juicio en ausencia para los infractores. Asimismo, la norma contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano transversal integrado por la Cancillería y las carteras de Defensa, Inteligencia y Economía, al cual se le otorgarán facultades para instrumentar respuestas de índole diplomática y económica ante cualquier amenaza que atente contra los intereses estratégicos del país.
