El conflicto universitario suma un nuevo capítulo esta semana con una serie de medidas de fuerza y jornadas de visibilización a lo largo del país, en protesta por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario tras 300 días de su aprobación.
Luego del feriado, las aulas de las casas de estudios superiores vuelven a registrar complicaciones en la presencialidad. La federación sindical CONADU Histórica confirmó un paro de 5 días que se extenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con el objetivo de exigir la recomposición de los haberes conforme a lo estipulado por la legislación vigente. Debido a que la medida es impulsada por una representación gremial específica, la adhesión se prevé desigual entre los distintos establecimientos, derivando en la interrupción o modificación del dictado de las asignaturas.
En paralelo al cese de actividades, el Frente Sindical y las federaciones de estudiantes impulsan acciones conjuntas de protesta hasta el jueves inclusive. Estas jornadas incluyen la instalación de carpas representativas en diversos puntos de la Argentina. La manifestación central tendrá lugar el miércoles 19 a las 11:00 horas frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, donde docentes, no docentes y alumnos se concentrarán en un acto masivo y un “banderazo” similar al realizado días atrás por el sector científico. De acuerdo con las estimaciones de las entidades gremiales, la pérdida del poder adquisitivo no recompuesta oscila entre el 28,5% y el 31,2%, monto al que se suma el reclamo por los pagos retroactivos acumulados, el presupuesto para el funcionamiento institucional, las becas para el estudiantado y la partida para los centros de salud universitarios.
El panorama judicial reavivó la tensión luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional lograra fallos favorables sobre la aplicación de la Ley N.º 27.795, dictada el 2 de octubre de 2025 para actualizar las partidas presupuestarias según el índice inflacionario desde diciembre de 2023. Tras la decisión de la Corte Suprema del 25 de junio de desestimar el último recurso gubernamental, la medida cautelar recayó en el juez de primera instancia Martín Cormick. A raíz de una presentación de la Universidad de Buenos Aires para intimar al Estado al cumplimiento efectivo bajo apercibimiento de sanciones y acciones penales, el magistrado fijó una audiencia clave para el viernes 21 de agosto. Mientras tanto, el calendario de protestas ya contempla un nuevo paro de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, convocado por organizaciones como CONADU, FEDUN y FATUN.
Por su parte, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, salieron al cruce de las acusaciones afirmando que la administración pública se encuentra al día con los compromisos del sector. Desde el organismo argumentaron que los desembolsos para el sostenimiento de las universidades, sus centros asistenciales y las actualizaciones salariales responden estrictamente a lo fijado en el acuerdo paritario del 10 de junio. Bajo esa postura, la cartera oficial desconoció la validez de la huelga, calificando la medida de fuerza como ilegítima y motivada por intereses de índole política ajenos a la prioridad de la enseñanza.
