El sistema de salud solidario en la Argentina atraviesa un complejo escenario marcado por la pérdida de 1.028.412 beneficiarios en las obras sociales nacionales desde noviembre de 2023.
Esta contracción masiva, analizada por el Instituto Argentina Grande a partir de los registros de la Superintendencia de Servicios de Salud, responde de manera directa a la destrucción de puestos de trabajo registrados y al fuerte incremento en los valores de la medicina privada. La consecuencia directa de este fenómeno es un traslado masivo de usuarios hacia la atención pública, donde durante el primer trimestre de 2026 se contabilizó el ingreso de más de 1,2 millones de personas en comparación con los niveles de 2023, afectando de manera crítica a la franja de jóvenes de entre 15 y 29 años, en la cual el 49,9% depende exclusivamente del sistema estatal.
La caída en la cantidad de afiliados golpeó de forma generalizada a los principales entes de cobertura gremial, siendo la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles una de las más perjudicadas con un retroceso del 20,2% en su padrón. Tendencias similares registraron la entidad de los trabajadores de la construcción con una baja del 25,4%, la de los empleados públicos con una disminución del 19,1% y la de los trabajadores rurales con una contracción del 15,9%, mientras que la obra social del sector petrolero experimentó un descenso del 5,1%. Estas cifras se alinean con la supresión de puestos laborales registrados entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, lapso en el que la construcción perdió 60.646 empleos (13,8%), el sector estatal 73.052 cargos (2,1%), el comercio 9.413 puestos (0,8%) y la actividad petrolera 8.282 plazas (8,8%). La única excepción a este cuadro recesivo fue la Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad de la Industria de la Provincia de Buenos Aires y Pequeñas y Medianas Empresas, enfocada en monotributistas, que incrementó su nómina un 154% al ritmo de un crecimiento del 7,4% en dicho régimen laboral.
La problemática se agrava al considerar que la pérdida de más de 235.000 empleos privados formales y 73.000 empleos públicos no sólo desprotege al titular, sino que arrastra a todo su grupo familiar. A este panorama se suma el impacto de la desregulación en las empresas de medicina prepaga, cuyas cuotas sufrieron un ajuste acumulado del 460%, superando ampliamente la inflación del 320% registrada en el mismo lapso. Como resultado de este desfasaje económico, las estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares indican que la cantidad de personas desprovistas de cobertura privada, obra social o mutual saltó de 9.428.131 en el último trimestre de 2023 a 10.674.416 en los primeros tres meses de 2026, representando un incremento que elevó la proporción de la población sin cobertura del 32% al 35,6%.
Este éxodo constante genera una presión sin precedentes sobre la infraestructura de los centros asistenciales y hospitales públicos, los cuales deben contener la demanda con recursos presupuestarios acotados. En el último período analizado, se estima que 231.141 personas pasaron a depender en forma directa del auxilio sanitario estatal, observándose el impacto más agudo entre la población juvenil de 15 a 29 años, donde 438.790 jóvenes quedaron sin prestación privada. Este segmento experimentó una suba del 15,3% en su nivel de dependencia de la salud pública, consolidándose como el grupo etario más vulnerable frente a la reconfiguración del sistema de salud y la contracción del mercado laboral formal.
