El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, reaccionó de manera categórica ante los agravios dirigidos por Javier Milei hacia el mandatario Lula da Silva, a quien el Presidente Argentino tachó de “ladrón” y “presidiario”.
El Canciller tildó de “graves e inaceptables” las expresiones vertidas durante un acto político en San Pablo y denunció una intromisión directa en la política doméstica brasileña en la antesala de los comicios presidenciales, argumentando que los ataques alcanzaron a las instituciones, al Poder Legislativo y a la propia ciudadanía.
Frente a este escenario de creciente conflicto bilateral, la diplomacia de Brasilia convocó formalmente al Embajador Argentino en ese país, Daniel Raimondi, para manifestarle el repudio institucional y exigir aclaraciones sobre las manifestaciones efectuadas por el Jefe de Estado argentino durante su estancia en territorio brasileño.
Paralelamente, el Gobierno de Brasil resolvió llamar a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires, Julio Bitelli, al tiempo que remarcó la falta de antecedentes de un mandatario extranjero lanzando descalificaciones de esa magnitud en suelo nacional.
A través de un comunicado, Vieira aclaró que, si bien la situación es de extrema gravedad, por el momento no prevén la retirada definitiva de la sede diplomática, enfatizando la importancia de sostener el diálogo entre naciones históricamente aliadas. La Cancillería del país vecino lamentó que un hecho de estas características involucre a la conducción de un Estado con el que mantiene más de dos siglos de vínculos bilaterales y que constituye su socio comercial más relevante.
La discordia se desencadenó tras las palabras vertidas por Milei en el marco del lanzamiento de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, oportunidad en la que cuestionó la gestión de Lula comparando la coyuntura financiera de la región con el “riesgo kuka” argentino e introduciendo el concepto de “riesgo Lula”. Durante dicho discurso, el Jefe de Estado argentino responsabilizó además a la administración local de perjudicar la economía y de perseguir judicialmente a referentes de la oposición por razones estrictamente políticas.
