Durante el noveno mes del año se registró un descenso del 7,3% en la erogación destinada a los servicios esenciales por parte de los presupuestos familiares en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Esta contracción en el gasto global, que constituye la segunda baja consecutiva en términos mensuales, encontró su causa principal en el factor climático, dado que el paulatino aumento de las temperaturas redujo sensiblemente la demanda domiciliaria de gas y electricidad, neutralizando de este modo los incrementos aplicados sobre las estructuras tarifarias fijas.
Según lo determinado en la última entrega del informe sobre subsidios y tarifas que confecciona el Instituto Interdisciplinario de Economía Política perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, el costo de la canasta representativa se ubicó en torno a los $268.405. La contracción del presupuesto global estuvo traccionada primordialmente por desplomes pronunciados en los renglones energéticos, registrándose bajas del 18,8% en el servicio eléctrico y del 19,9% en la provisión de gas, dinámicas asociadas a la retracción de los consumos variables de temporada.
A contramano del comportamiento observado en los suministros energéticos, el segmento del transporte público se erigió como la única categoría con variaciones al alza respecto al periodo anterior, explicando además más de la mitad de la aceleración interanual de la canasta. Este comportamiento disímil responde a la vigencia de esquemas de actualización automática que vinculan las tarifas del transporte a la evolución de la inflación general, sumado a los reajustes periódicos aplicados a los trayectos interjurisdiccionales y al atraso relativo que arrastraban dichos boletos.
El relevamiento académico detalla asimismo la evolución en la estructura de financiamiento de las prestaciones, indicando que las tarifas abonadas por la demanda privada pasaron a absorber un 54% de los costes globales de producción, al tiempo que las arcas del Estado asumieron el 46% remanente mediante transferencias. En el desglose por rubros, la cobertura estatal resulta sensiblemente más elevada en el sistema de transporte —donde el beneficio alcanza de forma generalizada a la totalidad de los usuarios— mientras que en el agua potable los consumidores asumen el costo integral de la prestación.
En lo que respecta a la incidencia sobre los ingresos familiares, la suma combinada de las facturas básicas pasó a representar cerca del 14,6% de la remuneración promedio del sector formal. Por otra parte, al evaluar el escenario fiscal proyectado para el ejercicio 2027, las previsiones presupuestarias oficiales apuntan a intensificar la poda de las partidas destinadas a subsidios, con la meta de llevar la cobertura tarifaria privada por encima del 88% mediante la recomposición de los precios mayoristas, la focalización de la asistencia en sectores vulnerables y la reorganización de las empresas estatales del sector.
