Tras una serie de intensas discusiones y modificaciones negociadas a última hora, el Senado de la Nación dio luz verde a la reforma de la legislación sobre biocombustibles.
La normativa aprobada establece un incremento gradual en las proporciones de integración obligatoria: la mezcla de bioetanol en las naftas ascenderá del 12% al 15%, mientras que el contenido de biodiésel en el gasoil subirá del 7% al 10%. Tras obtener el respaldo de la Cámara Alta, la propuesta fue derivada a la Cámara de Diputados para su posterior revisión, donde todavía no se ha fijado una agenda oficial para iniciar el debate en las comisiones correspondientes.
El dictamen cosechó el respaldo de 41 legisladores frente al rechazo de 25 bancas, sustentado en un consenso articulado entre bloques provinciales del norte y el bloque de La Libertad Avanza. A cambio de acompañar esta iniciativa impulsada por las provincias productoras, el oficialismo logró asegurar apoyos para el tratamiento de la norma sobre Inocencia Fiscal II.
En el esquema diseñado para el bioetanol, el cupo del 15% proyectado a implementarse durante el primer año reservará participaciones iguales del 6% para las industrias de la caña de azúcar y del maíz, dejando un 3% restante abierto a la libre competencia del mercado. En lo relativo al biodiésel, el articulado dispone un periodo de transición hasta el año 2036 que escala progresivamente la cuota asignada a las pymes locales “no integradas” (del 6,5% inicial hasta un piso del 4% en 2031), abriendo progresivamente el volumen sobrante a los conglomerados exportadores de Santa Fe y Córdoba. Para evitar distorsiones del mercado, se incluyó a último momento una restricción antimonopolio que impide a cualquier firma concentrar más del 10% del biodiésel comercializado o superar las 50.000 toneladas anuales.
Las objeciones planteadas por los sectores opositores radicaron en el impacto desigual sobre las pequeñas y medianas empresas procesadoras del interior del país. Desde la bancada justicialista, legisladores como Daniel Bensusán y José Mayans cuestionaron la pérdida de cuota reservada para las plantas alejadas del puerto y solicitaron sin éxito una moción de orden para postergar la votación; argumentaron que la desregulación gradual deja en desventaja a las economías regionales de La Pampa, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires frente a las grandes aceiteras. En contraposición, la postura oficialista defendida por Patricia Bullrich justificó el esquema de conversión gradual como una vía estructurada para brindar estabilidad a la industria nacional antes de pasar a un marco plenamente competitivo.
