El Juez Federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni, actual legislador bonaerense por La Libertad Avanza y hermano del Jefe de Gabinete.
Esta determinación judicial responde a la solicitud planteada por el Fiscal Guillermo Marijuan, quien impulsa una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado también intimó a la Oficina Anticorrupción para que remita de manera inmediata las declaraciones juradas del funcionario, con el objetivo de analizar minuciosamente su evolución patrimonial y sus movimientos financieros recientes.
La causa tuvo su origen en una denuncia presentada por la Diputada Nacional Marcela Pagano, quien puso el foco en las presuntas inconsistencias detectadas en los activos de Francisco Adorni entre los años 2023 y 2024. Según el expediente, el legislador habría pasado de declarar un patrimonio de $40.000.000 a uno superior a los $80.000.000 en un periodo muy breve. Asimismo, la Justicia centra su atención en las condiciones de pago de un crédito de $60.000.000 que habría sido cancelado en apenas doce cuotas, lo que generó sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para dicha operación durante su paso por la administración pública.
La situación judicial de la familia Adorni se torna cada vez más compleja, ya que las medidas de prueba no se limitan al legislador provincial. La Justicia ya había avanzado previamente con disposiciones similares sobre el patrimonio del propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, ante los organismos recaudadores ARCA y ARBA. El derrotero profesional de Francisco Adorni también está bajo la lupa, desde su ingreso como auditor en el Ministerio de Defensa en 2024, pasando por su ascenso en el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) en 2025, hasta su posterior llegada a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
En paralelo a estas medidas, la investigación ha sumado testimonios clave, como el de José Luis Rodríguez, propietario de una finca en el country Indio Cuá donde residió el Jefe de Gabinete. En su declaración ante el Fiscal Gerardo Pollicita, el locador brindó detalles sobre una serie de contratos de alquiler abonados íntegramente en efectivo y en moneda extranjera, que ascenderían a un total de US$15.600. Mientras el contratista de la vivienda salió públicamente a defender la honestidad del funcionario, el Ministerio Público Fiscal continúa analizando si estos desembolsos y las posteriores refacciones de otra propiedad adquirida por el Vocero Presidencial guardan relación con sus ingresos declarados ante el Estado.
