El Gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 1.500 Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La medida, anunciada a través del Acuerdo Ministerial N° 38-2024-OSFL, fue tomada después de que el Ministerio del Interior del país determinara que estas organizaciones no habían cumplido con sus obligaciones de reportar estados financieros por períodos que van desde 1 hasta 35 años.
El Gobierno nicaragüense afirmó que la falta de reportes financieros detallados, que debían incluir ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalles de donaciones, obstaculizó el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control del Ministerio del Interior.
Este cierre masivo, sin precedentes en Nicaragua, eleva a más de 5.100 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, y ocurre tres días después del anuncio de nuevas normas que obligan a las ONG a trabajar en alianza con el Estado.
El Ministerio del Interior de Nicaragua determinó que los bienes muebles e inmuebles de las ONG canceladas serán traspasados al Estado, conforme al artículo 47 de la Ley 1115. Este cierre masivo de ONG se produce en el contexto de un nuevo modelo de alianzas entre el gobierno y las organizaciones civiles, anunciado recientemente por Rosario Murillo. Según este modelo, las ONG deben presentar programas o proyectos y trabajarlos en conjunto con las instituciones del Estado.
En la lista de entidades cuya “personalidad jurídica y registro” fueron canceladas, y cuyos bienes serán confiscados, figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados; también clubes rotarios y de ajedrez.
También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80.
