El Gobierno Nacional promulgó una nueva normativa que otorga al Ministerio de Economía, la facultad de incrementar el impuesto específico destinado al consumo de gas en las regiones de bajas temperaturas del país.
A través de un decreto reciente, se habilitó que el gravamen que financia estos beneficios pueda escalar hasta el 11,25%, una medida que busca sostener el esquema de asistencia para los habitantes de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Esta modificación se instrumentó formalmente mediante el decreto 266/2026, el cual permite a la cartera económica ajustar el recargo aplicado sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) con un margen de variación del 50%. Anteriormente, el límite máximo para este concepto estaba fijado en un 7,5%, pero con la nueva disposición, el techo se eleva significativamente, otorgando mayor discrecionalidad a los funcionarios para manejar los flujos de dinero.
Según argumentaron las autoridades, esta decisión se fundamenta en la urgencia de reorganizar la gestión de las subvenciones energéticas. El objetivo principal es fortalecer el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que es el único mecanismo de este tipo que el Ejecutivo se comprometió a mantener vigente ante el Fondo Monetario Internacional durante las evaluaciones del programa económico realizadas este año.
Históricamente, este fondo fue establecido a principios de la década del 2000 para permitir que las zonas con climas extremos accedan a tarifas diferenciales en diversos servicios, incluyendo gas por redes, propano y garrafas. Aunque originalmente estaba acotado a pocas regiones, en 2021 se extendió su vigencia hasta finales de 2031, abarcando actualmente a más de cuatro millones de usuarios y cientos de departamentos en distintas provincias bajo el régimen de “Zona Fría”.
El financiamiento de este beneficio no proviene de rentas generales, sino de un recargo que se cobra en cada metro cúbico de gas consumido o comercializado en todo el territorio argentino, sin importar quién sea el usuario final. Debido a que el fideicomiso presenta actualmente un saldo negativo, las fuentes oficiales señalaron que el porcentaje previo del 7,5% resultaba insuficiente para cubrir la alta demanda de subsidios que genera el sistema actual.
A pesar de que desde el Gobierno califican el ajuste como una medida de orden administrativo, admitieron que su implementación derivará en un incremento en las boletas de gas para el resto de los ciudadanos del país que no gozan de este beneficio. Si bien la Secretaría de Energía aclaró que la facultad de aplicar el aumento ya es un hecho, todavía no se ha definido la fecha exacta en la que este impacto se verá reflejado en las facturas mensuales de los consumidores.
Finalmente, desde el equipo económico cuestionaron la naturaleza del régimen de Zona Fría, calificándolo de “inequitativo”. El argumento oficial sostiene que la estructura actual es regresiva, ya que los descuentos se otorgan basándose exclusivamente en la ubicación geográfica de la vivienda y no en el nivel de ingresos de las familias, lo que contribuye a mantener el déficit operativo del sistema energético nacional.
