El panorama de la verificación vehicular en la Argentina ingresa en una etapa de profunda transformación a partir de hoy, impulsado por una medida del Gobierno Nacional que pone fin al esquema exclusivo de las plantas tradicionales de VTV.
A través de la publicación de la Resolución N° 32/2026 en el Boletín Oficial, firmada por el Secretario de Transporte Mariano Plencovich, el Poder Ejecutivo dio luz verde a la apertura de un registro para que talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores puedan integrarse al sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Este giro normativo se produce inmediatamente después de que la Justicia levantara una medida cautelar que mantenía en suspenso la descentralización del servicio, una traba legal cuya resolución definitiva ya había anticipado el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a comienzos de marzo.
El flamante sistema de control funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía mediante el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Se trata de un padrón de carácter público, gratuito y enteramente digital que procesará las solicitudes de incorporación a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) bajo la modalidad de declaración jurada. Los establecimientos que deseen participar deberán acreditar capacidad técnica apta, equipamiento idóneo y contar con un Director Técnico que actúe como responsable de los procedimientos. Con este cambio, impulsado formalmente mediante el Decreto 196/2025 que modificó la Ley de Tránsito, los conductores tendrán la libertad de elegir el taller habilitado de su preferencia para evaluar unidades particulares, de colección, comerciales, de transporte de pasajeros o de carga.
A pesar de la apertura hacia el sector privado y la desregulación de aranceles para fomentar la libre competencia, la administración libertaria aclaró que se mantendrán estrictamente vigentes todas las pautas de seguridad vial y los criterios técnicos actuales. En lo que respecta a los plazos obligatorios de control, el nuevo marco establece que los automóviles particulares cero kilómetro estarán exentos de la verificación durante sus primeros cinco años desde el patentamiento. Posteriormente, aquellos rodados que tengan una antigüedad de hasta diez años deberán cumplir con la inspección de manera bienal, es decir, cada veinticuatro meses, mientras que las unidades que superen la década de uso tendrán que someterse a la revisión con una frecuencia anual. La primera de estas verificaciones se fijó obligatoriamente dentro de los doce meses posteriores al patentamiento de la unidad para luego pasar a la renovación anual.
La instrumentación efectiva de este modelo a lo largo de todo el territorio nacional presenta un desafío logístico e institucional para la Casa Rosada, dado que cada provincia conserva la facultad autónoma de adherirse o rechazar el régimen. En caso de no sumarse al convenio, los ciudadanos de dichos distritos no podrán gozar de los beneficios de mayor cercanía geográfica ni de la libre competencia tarifaria; de hecho, la provincia de Buenos Aires ya se posicionó de manera oficial como la primera jurisdicción en rechazar el acompañamiento de la medida estatal. Adicionalmente, el Ejecutivo todavía tiene pendiente la confección y aprobación de un protocolo de evaluación técnica específico que se adapte de forma correcta a las tecnologías particulares que emplean los vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.
