A raíz de las severas secuelas operativas causadas por el reciente e intenso temporal de viento zonda que dejó sin suministro eléctrico a aproximadamente 80.000 familias jujeñas, el Gobierno de Jujuy oficializó el Decreto Acuerdo N° 5658.
Mediante esta disposición, la provincia declaró el estado de Emergencia Energética y Tarifaria en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida busca responder de forma directa a los prolongados cortes del servicio, los cuales se extendieron desde ocho horas hasta tres días en las zonas más afectadas.
El Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, detalló que aunque la prestadora atribuyó los inconvenientes a un evento climático inédito en tres décadas, el Ejecutivo provincial consideró que la respuesta de la firma privada resultó desbordada ante una contingencia que debió prevenirse, motivo por el cual el Gobernador Carlos Sadir debió intervenir personalmente para coordinar el arribo de asistencia técnica y grúas desde la provincia de Tucumán.
El marco normativo aprobado introduce sustanciales modificaciones operativas destinadas a resguardar los derechos de los usuarios locales en su vínculo con la distribuidora EJESA. A partir de la vigencia del decreto, la interrupción del suministro por falta de pago únicamente podrá efectuarse cuando hayan transcurrido 20 días posteriores al vencimiento de la segunda factura consecutiva, modificando el esquema previo que contabilizaba los plazos desde la primera boleta. Adicionalmente, el retiro físico del medidor en el domicilio del cliente sólo podrá concretarse tras un periodo de 60 días contados desde la suspensión del servicio. Por otra parte, la normativa estipula la prohibición absoluta de aplicar intereses punitorios por mora tanto en las facturaciones de electricidad como en las del servicio prestado por Agua Potable durante el tiempo que permanezca la emergencia, permitiendo además la unificación y refinanciación conjunta de las deudas acumuladas en ambas prestaciones bajo un mismo plan de pago.
En el plano económico, las autoridades recordaron que continúan plenamente vigentes los programas estatales dirigidos a aliviar el costo del servicio, incluyendo la tarifa social y el subsidio especial equivalente al 50% para los residentes de la Puna, instando a aquellos ciudadanos que cumplan las condiciones a completar los trámites de incorporación. De manera complementaria, el Ejecutivo confirmó que la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) se encuentra diseñando un conjunto de disposiciones de carácter excepcional destinadas a compensar de manera directa el impacto económico generado por las fallas en la red. Este esquema prevé la aplicación de descuentos bonificados en las facturas venideras, cuya cuantía económica estará estrictamente calculada según la cantidad total de horas consecutivas que cada cliente permaneció desprovisto de energía eléctrica durante la contingencia.
Finalmente, el plan de contingencia estatal abordará de forma prioritaria la reparación express de los perjuicios materiales derivados del corte imprevisto y la inestabilidad en la red eléctrica. Desde el organismo regulador SUSEPU se habilitarán mecanismos administrativos ágiles orientados a gestionar la restitución o compensación por la avería de electrodomésticos en los hogares. Esta asistencia contemplará a su vez a los pequeños comerciantes y emprendimientos productivos que sufrieron la pérdida directa de mercaderías e insumos por la interrupción de la cadena de frío, con el objetivo central de mitigar las pérdidas patrimoniales y acelerar la recuperación económica de los sectores afectados tras el paso del fenómeno meteorológico.
